Tres casos de celulares apropiados resueltos por la División Compleja 5

El primer caso ocurrió el 12 de diciembre de 2023, cuando un ciudadano denunció la pérdida de su dispositivo móvil, un teléfono celular marca Samsung modelo A22. Tras una exhaustiva recolección de información, se identificó a A.A.R, residente del barrio 9 de Julio, como el posible responsable de la apropiación del dispositivo. Con la autorización del fiscal a cargo, se realizó una requisa domiciliaria en la vivienda de A.A.R, donde se encontró el teléfono celular con el número de IMEI coincidente al denunciado. El aparato fue secuestrado y devuelto a su legítimo propietario, mientras que no se tomaron medidas procesales contra A.A.R.

El segundo caso tuvo lugar el 8 de febrero de 2024, cuando la ciudadana B.L. denunció un robo consumado de su teléfono celular. Las investigaciones condujeron a la ubicación del dispositivo en una vivienda de la calle Rubén Darío al 500, según el reporte de una empresa telefónica. Con la autorización del fiscal, se realizó una requisa domiciliaria en el lugar, donde N.R.A. permitió el ingreso y exhibió voluntariamente un teléfono celular de marca Alcatel, coincidente con el número de IMEI denunciado. El dispositivo fue secuestrado y se procederá a su restitución a la víctima.

El tercer caso ocurrió el 25 de octubre de 2023, cuando L.TG.Z. denunció el robo de su teléfono celular por parte de su sobrino menor de edad mediante un arrebato en la vía pública. Tras una serie de diligencias investigativas, se ubicó el aparato en una vivienda de la calle Washington al 1.700. M.F.A., residente de esa vivienda, exhibió su teléfono celular al personal policial, el cual coincidía con el número de IMEI buscado. Sin embargo, M.F.A. afirmó haberlo comprado, aunque posteriormente se descubrió que el denunciante había recuperado el teléfono sin notificar a los investigadores y luego lo vendió a M.F.A. El fiscal a cargo ha impartido las directivas correspondientes para esclarecer este curioso caso.

La PDI continúa trabajando en la resolución de casos de apropiación indebida, utilizando métodos de investigación y cooperación con el Ministerio Público para garantizar la justicia y proteger los derechos de los ciudadanos.