Redacción
Antecedentes recientes
No es la primera vez que Argentina enfrenta esta problemática. A finales del año pasado, durante el gobierno de Alberto Fernández, se autorizó el uso de patentes de papel debido a la imposibilidad de adquirir chapas metálicas en el exterior. En ese momento, la causa principal fue la falta de dólares y las restricciones a la importación. Sin embargo, en esta ocasión, las restricciones a la importación no parecen ser el problema principal.
El problema actual
La actual escasez se debe a retrasos en la entrega de insumos registrales por parte de Casa de Moneda SA. Según una comunicación interna enviada por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) a los 1.554 registros del país, la Casa de Moneda está "omitiendo cumplimentar las entregas de elementos e insumos registrales en los términos y condiciones acordadas". La nota señala que las circunstancias alegadas por la Casa de Moneda son imponderables y fortuitas, ajenas a su giro comercial, lo que provoca significativas demoras y la imposibilidad de cumplir puntualmente con la entrega de estos elementos.
Respuesta de casa de moneda
Desde Casa de Moneda, aseguran que al inicio de la gestión hubo faltantes y atrasos debido a la definición de nuevas autoridades, pero actualmente están al día con las entregas. Según sus cifras, la capacidad de producción estándar es de 160.000 patentes mensuales. Sin embargo, ACARA ha informado a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y Justicia sobre la situación, adjudicando la responsabilidad de cualquier incumplimiento y retraso a la Casa de Moneda.
Consecuencias y medidas
La falta de patentes y cédulas verdes puede causar importantes inconvenientes para los propietarios de vehículos, incluyendo la imposibilidad de registrar nuevos vehículos y la circulación legal en las calles. Es crucial que se regularice la provisión de estos elementos para evitar mayores complicaciones en el sistema de transporte y registro automotor del país.
Este problema resalta la necesidad de una gestión eficiente y coordinada entre los diferentes organismos involucrados para asegurar la disponibilidad de estos documentos esenciales para la ciudadanía.
