Durante la sesión, se presentaron diversas pruebas y testimonios, incluidos los de las víctimas, quienes detallaron los impactos significativos que la situación ha tenido en sus vidas.

El caso, que involucra un reclamo de más de 4,5 millones de dólares y más de 300 contratos de reconocimiento de deuda, ha generado gran preocupación en la comunidad, dada la magnitud de los daños económicos y personales sufridos por los afectados. A pesar de los argumentos de la defensa, encabezada por los abogados Cecilia Raquel Álamo, José María Silvela y Andrés Alberto Colón, quienes calificaron el caso como una cuestión civil, el tribunal consideró que existen indicios suficientes para continuar con las medidas cautelares vigentes.

El fiscal, Guillermo Loyola junto con el abogado querellante Juan Manuel Chappero, insistieron en la necesidad de mantener las medidas cautelares debido al riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecimiento del proceso. El juez Bumaguin coincidió con la fiscalía, exhortando al Ministerio Público de la Acusación a acelerar la investigación para llevar el caso a juicio lo antes posible.

La audiencia finalizó con la lectura y firma del acta correspondiente, dejando en claro que las medidas dispuestas seguirán en vigor mientras se avanza en el proceso judicial.