Aunque lejos de asimilar la cultura de las armas de Estados Unidos que se ha convertido en el único país del mundo donde hay más armamento que ciudadanos, según la organización suiza Small Arma Survey (SAS) con un promedio de 120 armas de fuego por cada 100 estadounidenses, en la Argentina se está registrando un incremento de la tenencia de pistolas, revólveres, rifles y demás pertrechos de fuego civiles.

Venía en ascenso desde 2017, se ralentizó durante los dos años de pandemia y cuarentenas para volver a tomar impulso en los últimos tiempos.

La conclusión se desprende de valoraciones de funcionarios públicos y de analistas de seguridad que monitorean la sociedad civil.

En la provincia de Santa Fe, el director de la Agencia Provincial de Violencia con Armas de Fuego (Apvaf), Joel Theytaz enseñó su preocupación ante la gran cantidad de secuestros que están realizando los miembros de su oficina estatal a diario.

En declaraciones al diario La Capital de Rosario afirmó, “…somos muy pesimistas, estimamos que por cada arma debidamente registrada en la provincia hay entre cuatro y cinco que son ilegales. Y esta estadística se basa en la cantidad de secuestros de armas que realizamos”.

El organismo rector a nivel nacional es la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), ex RENAR, que dirige la magister en Seguridad Internacional por la Universidad de Bristol, Natasa Loizou. La Agencia es un ente descentralizado que funciona desde 2015 en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y se encarga de aplicar y fiscalizar el cumplimiento de la ley Nacional de Armas y Explosivos que data de 1973.

Si bien no se halla en su sitio web un desglose por ciudades o provincias de las armas registradas, los números más recientes indican que existen en la Argentina 1.618.877 armas registradas ante la ANMaC de las cuales el 84% pertenecen a civiles.

Desde luego, la preocupación esbozada por los funcionarios del gobernador santafesino Omar Perotti se justifica por la sensación de inseguridad creciente cuya causa hay que rastrearla, entre otros factores, en el pujante mercado negro de armas civiles.

Y, esta desazón no es privativa de las autoridades y de la ciudadanía santafesina. En la ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, existen numerosos testimonios que indican que la población civil ha comenzado a armarse y a adquirir productos de manera ilegal.

La fiscal Graciela Trill afirmó al sitio local 0223.com.ar que en las causas penales se nota, en blanco sobre negro, como circulan las pistolas y revólveres ilegales. “En las causas penales que incluyen secuestros de armamento así como en las testimoniales que ofrecen los imputados, mucha gente se justifica diciendo que hay inseguridad, que nadie hace nada, y que se tienen que defender de alguna manera y tienen un arma en sus hogares para disparar por si entran a robar”. Para la fiscal la población está viviendo en una especie de “cóctel explosivo que no se acrecentó tras la pandemia sino que ya viene de largos años. "Algunos piensan que se tienen que defender solos y otros tienen un temperamento especial pero hay que entender que tener un arma no es para cualquiera: hay que tener un temple determinado y saber que un arma puede terminar con la vida de una persona”.