Redacción
En una audiencia realizada en los tribunales, bajo la presidencia del juez del IPP Javier Bottero, la fiscal Gabriela Lema formuló cargos contra Santiago Andrés M., residente en Av. Ernesto Salva, alrededor del número 2000. La defensa estuvo a cargo del abogado Juan Manuel Lovaiza. Durante la audiencia, el fiscal Lema, en nombre del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, detalló los hechos atribuidos al acusado y los derechos que le asisten según el Código Procesal Penal.
Los incidentes se habrían originado el 26 de octubre de 2024, a las 14:30, cuando Santiago M., de 27 años y oriundo de Tostado, sostuvo una acalorada discusión con su pareja debido a su intento de vender una bicicleta y una garrafa, propiedades de ella, con el propósito de adquirir sustancias ilícitas. La pareja intentó evitar el despojo, pero el acusado insistió en que tenía pleno control sobre los bienes de la vivienda. En un acto de violencia, la habría sujetado del cabello y, tras obligarla a ingresar al hogar, la golpeará contra la mesa y la encimera de la cocina, ocasionándole heridas leves. La víctima solicitó medidas de exclusión y prohibición de acercamiento.
Más tarde, a la 1:30 de la madrugada, el imputado habría regresado a la misma vivienda, dañando la puerta principal para entrar. Dentro de la casa, destrozó parte del mobiliario y luego salió para incendiar tres vehículos estacionados cerca de la residencia. Los automóviles, un Renault 19 y un Ford Taunus, pertenecían a Francisco S., quien resultó afectado por el daño material.
Al llegar la policía al lugar, el acusado se tornó agresivo, lanzando insultos y golpes a los agentes. Intentó huir hacia los techos de las casas vecinas, aunque terminó lastimándose al caer sobre una puerta de vidrio en su propio domicilio. Pese a la insistencia policial, el hombre se resistió a ser detenido, propinando golpes y causándoles heridas leves a varios oficiales. El enfrentamiento dejó lesiones en la mano y brazo de cuatro efectivos que intentaban controlarlo.
La fiscalía destacó que el comportamiento del acusado se enmarca en un contexto de violencia de género, en concordancia con lo estipulado por la Ley 26.485.
