Redacción
En el expediente presentado ante la Oficina de Gestión Judicial, Sain es acusado de liderar una asociación ilícita, violar la ley de inteligencia, malversar fondos públicos y ordenar la destrucción de pruebas. La fiscalía también señaló delitos como abuso de autoridad, violación de secretos y encubrimiento calificado. Estos hechos habrían afectado a diversos sectores, incluyendo gremialistas, legisladores, funcionarios judiciales y sociales.
Junto a Sain, otras seis personas enfrentan pedidos de condena. Entre ellos, Nadia Schujman, exdirectora de la Agencia de Control Policial, para quien se solicitaron 9 años de prisión, y Débora Cotichini, exfuncionaria del Organismo de Investigaciones, acusada de roles clave en la supuesta asociación ilícita. Exfuncionarios como Germán Montenegro, Pablo Álvarez, Diego Rodríguez y Milagros Bernard también fueron señalados por su participación en los hechos.
La causa representa una de las denuncias más graves contra Sain, quien previamente había sido acusado por la compra irregular de armas para la Policía de Santa Fe. Esta situación evidencia un entramado complejo de presuntos delitos que golpean a las instituciones de seguridad de la provincia. Ahora, el caso se encamina hacia su elevación a juicio, marcando un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia.
