Redacción
Los hechos son claros. En la noche de Año Nuevo, Federico Pablo Suárez, de 41 años, destrozó la vidriera de un comercio, golpeó a una mujer mayor y, tras ser detenido, volvió a delinquir pocas horas después, robando en un kiosco cercano a la Jefatura de Policía. . A estos delitos recientes se suman cinco hechos de violencia de género cometidos contra su expareja en los últimos años, todos bajo la misma constante: medidas judiciales que jamás lograron detenerlo.
Sin embargo, a pesar de este historial, Suárez quedó libre. La fiscalía y la defensa acordaron una serie de medidas alternativas que incluyen la prohibición de acercarse a las víctimas y la obligación de fijar domicilio y firmar en una comisaría. Medidas que, si el pasado sirve de indicio, difícilmente serán respetadas. El juez Javier Bottero, al homologar este acuerdo, no hizo más que perpetuar la desprotección hacia las víctimas y legitimar la reincidencia.
¿Cómo es posible que alguien con semejante prontuario salga en libertad? Este caso no solo refleja una preocupante indulgencia judicial, sino también la falta de voluntad para priorizar a las víctimas. Las mujeres que ya han sufrido sus agresiones, incluida su expareja, viven ahora bajo la sombra de un sistema que las abandona mientras protege al agresor.
El mensaje es tan claro como desalentador: las vidas de las víctimas no importan. Cada audiencia en la que un agresor reincidente se va a casa es una declaración de principios de un sistema judicial que parece hecho a medida para los victimarios. En un contexto donde la violencia de género sigue siendo una emergencia social, este tipo de decisiones no son solo errores; son actos de irresponsabilidad institucional que refuerzan el círculo de la violencia.
La puerta giratoria de la justicia sigue girando, y en su vaivén, son siempre las víctimas quienes quedan atrapadas. Mientras los responsables de impartir justicia siguen actuando con esta negligencia, la violencia y el delito seguirán contando con la mejor aliada: la impunidad.
