Redacción
El acusado, alojado en la Alcaidía de Casilda, enfrenta serios cargos relacionados con nueve delitos, entre los que se destacan abuso de armas y robo calificado.
La fiscal Lorena Korakis, en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), solicitó extender la medida de prisión preventiva de manera indefinida. Durante su exposición, la funcionaria argumentó que continúan vigentes las condiciones establecidas en el artículo 220 del Código Procesal Penal. “La reiteración de conductas delictivas y el desinterés del acusado por ajustarse a las normas legales refuerzan la necesidad de esta medida”, sostuvo Korakis. En la audiencia también participó el abogado defensor, Carlos Flores.
Entre los delitos atribuidos a Ocampo, se incluyen incidentes relacionados con el uso indebido de armas de fuego y abuso de armas ocurridos entre septiembre y octubre de 2022, así como el robo de un vehículo, varios hurtos, resistencia a la autoridad y un episodio de robo calificado con arma de fuego.
Detalles del proceso judicial
Inicialmente, Ocampo fue imputado el 30 de marzo de 2024 por seis delitos, y se dictó prisión preventiva en su contra. Posteriormente, en julio, el juez Sergio Alvira, de segunda instancia, ratificó esta medida estableciendo un plazo de seis meses para la presentación de la acusación formal, la cual fue efectivamente presentada el 30 de diciembre de 2024.
La audiencia preliminar para el juicio está programada para el próximo 6 de marzo de 2025. La Fiscalía ya adelantó que solicitará una condena de seis años y seis meses de prisión efectiva.
Un historial delictivo persistente
Durante la audiencia, la fiscal Korakis destacó la gravedad de los hechos atribuidos a Ocampo, haciendo énfasis en su modus operandi y una actitud reiterada en actividades delictivas.
“La prisión preventiva es proporcional a la gravedad de los hechos y a la conducta del acusado, que ha demostrado una reiterada violación de las normas legales”, concluyó la fiscal.
