Redacción
El debate sobre la posibilidad de utilizar el Fondo de Obras Menores para cubrir gastos corrientes, como el pago de salarios, vuelve a estar en el centro de la escena en la provincia de Santa Fe.
A pesar de ser recursos de asignación específica, su uso parcial para estos fines ha sido una práctica recurrente mediante autorizaciones legislativas anuales.
En junio del año pasado, el Senado provincial otorgó media sanción a un proyecto que permite a municipios de segunda categoría y comunas destinar parte de estos fondos a cubrir compromisos financieros inmediatos. Sin embargo, la Cámara de Diputados aún no ha tratado la iniciativa, lo que genera incertidumbre entre las administraciones locales.
El Poder Ejecutivo provincial tampoco incluyó la cuestión en el temario de sesiones extraordinarias, dejando en suspenso la posibilidad de contar con esta herramienta financiera en un contexto de restricciones económicas a nivel nacional.
Las administraciones locales, enfrentadas a crecientes dificultades presupuestarias, han recurrido en varias oportunidades a normas de excepción que les permitieron destinar un porcentaje de los fondos a la cobertura de salarios y otros gastos operativos. En la pandemia, incluso, se analizó la posibilidad de utilizar la totalidad de estos recursos con fines no contemplados en la normativa original.
El Fondo de Obras Menores está establecido por ley con fines específicos, como la ejecución de obras de infraestructura y la adquisición de equipamiento para las localidades. Su financiamiento proviene de un porcentaje del presupuesto provincial, garantizando recursos destinados exclusivamente a mejoras urbanas.
A pesar de la incertidumbre actual, los antecedentes indican que la aprobación de estas excepciones ha sido una práctica reiterada a lo largo de los años. La última autorización, correspondiente a diciembre de 2023, contó con el aval del gobernador en funciones para su ejecución en ese período fiscal.
El escenario actual deja en vilo a numerosas comunas y municipios que esperan una pronta definición legislativa para dar respuesta a sus necesidades económicas más urgentes. La incógnita sigue latente: ¿se aprobará finalmente la autorización para el uso de estos fondos?
Con Información de El Litoral
