Redacción
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió dejar firmes las condenas impuestas a dos miembros del Comando Radioeléctrico de la Costa, acusados de cometer múltiples delitos graves en 2017 mientras se encontraban en funciones en la ciudad de Rincón, provincia de Santa Fe. Los policías fueron condenados por privación ilegítima de la libertad, vejaciones, apremios ilegales, tortura y robo calificado.
El acusado principal, Ariel Alejandro Sanabria, recibió una pena definitiva de 15 años de prisión tras varias instancias de revisión judicial. Inicialmente, había sido condenado a seis años y medio, pero apelaciones posteriores ampliaron la condena debido a la incorporación de nuevos hechos. Por su parte, Exequiel Maximiliano Mendicino, quien había sido condenado a dos años de prisión en el juicio inicial, terminó con una pena definitiva de 10 años tras revisión que incluyeron cargos por allanamientos ilegales, falsificación de documentos públicos y tortura.
Un accionar sistemático y violento.
La investigación comenzó en noviembre de 2017 y abarcó a ocho efectivos policiales. Según la acusación, los agentes ingresaban de manera ilegal a domicilios, privaban de su libertad a los ocupantes, los agredían básicamente y se apoderaban de sus pertenencias. Para encubrir sus acciones, falsificaban actas de procedimiento. Entre las víctimas se encontraron mujeres, niños y personas con discapacidad, quienes fueron sometidos a golpes, amenazas y prácticas que alcanzaron el nivel de tortura.
La fiscalía resaltó que los policías utilizaron sus conocimientos y herramientas proporcionadas por el Estado para violar los derechos de las víctimas. “Actuaron con desaprensión hacia la integridad física, la libertad y la propiedad de otras personas”, destacó.
El largo camino judicial
Las sentencias iniciales, dictadas en 2021 por el Colegio de Jueces de la primera circunscripción judicial de Santa Fe, fueron apeladas tanto por la defensa como por la fiscalía. Tras varias instancias de revisión, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó los recursos de queja y dejó las condenas firmes. La Corte Suprema de la Nación también desestimó los planteos de la defensa por cuestiones formales, ratificando así las sentencias.
El caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, no solo por la gravedad de los hechos, sino también por el tiempo que llevó llegar a una condena definitiva. La resolución marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción y los abusos de poder dentro de las fuerzas de seguridad.
