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ARCA controlará las transferencias que superen nuevos límites fiscales

El régimen implementado por ARCA obliga a bancos y billeteras virtuales a reportar automáticamente operaciones que excedan ciertos montos, ajustados semestralmente según la inflación, en un esfuerzo por prevenir maniobras irregulares y mejorar la transparencia fiscal.

Nacionales16/02/2025RedacciónRedacción
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A partir del 1 de enero de 2025, tanto las entidades bancarias como las billeteras virtuales deberán informar al organismo fiscal cuando las transacciones superen los umbrales establecidos. Así, se requerirá reportar los consumos totales con tarjetas de débito o los ingresos y egresos en billeteras virtuales cuando estos excedan los $600.000, mientras que para las transferencias realizadas exclusivamente a través de plataformas virtuales el límite es de $2.000.000. Además, se debe notificar cualquier acreditación bancaria, depósito a plazo o extracción en efectivo que sobrepase el umbral de $1.000.000.  

El objetivo del nuevo régimen, establecido por el Decreto 953/2024 y la Resolución General 5512/2024, es mejorar la transparencia en el sistema financiero y prevenir irregularidades que puedan facilitar la evasión fiscal. Al ajustar estos límites cada seis meses en función de la inflación, ARCA busca mantenerse al día con las condiciones económicas del país y garantizar que se cuente con información precisa sobre los movimientos financieros, lo que permitirá a la autoridad iniciar las fiscalizaciones pertinentes cuando se detecten inconsistencias.  

Aunque esta medida no impacta directamente a los clientes, quienes operan a través de estos medios de pago, se espera que, en caso de no presentarse la documentación requerida —como comprobantes de ingresos, declaraciones juradas de impuestos, recibos de sueldo, o facturas de ventas y servicios— ARCA pueda aplicar sanciones o incluso bloquear temporalmente las cuentas afectadas. Con esta acción, el gobierno pretende robustecer el control fiscal y asegurar que el sistema financiero cumpla con los estándares de transparencia exigidos para combatir la evasión y las prácticas irregulares.

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