"La mayor alegría de esta conquista es que llega justamente a las compañeras que no tienen nada", destacó Miya Vargas, militante del Colectivo Travesti Trans Rosario y uno de los motores de la modificación de la ley provincial de pensiones no contributivas 5110, que otorga pensiones mínimas a personas en situación de vulnerabilidad. Vargas se refirió así a la sanción definitiva en la Legislatura provincial del cambio que permitirá que en adelante mujeres víctimas de violencia de género y la población travesti trans comiencen también a percibir ese beneficio. Un paso que ahora pondrá en marcha la provincia a través de la Caja de Pensiones Sociales.

La propuesta que en la previa de la pandemia de Covid comenzaron a delinear las militantes del colectivo travesti trans apuntaba a aggionar algunos de los conceptos de la normativa de los años 40. "La población vulnerable de 2020 no es la misma de hace 60 años", dejó en claro Vargas y señaló dos argumentos centrales que fueron los que impulsaron las modificaciones que ya en septiembre habían aprobado los diputados provinciales y que esta semana obtuvieron la sanción del Senado.

El primero es el promedio de vida de la población travesti trans de la provincia, que oscila entre los 35 y los 40 años; así como la falta de sustento (violencia económica) de las mujeres víctimas de violencia de género como un elemento clave a la hora de no poder salir de esos escenarios, las más de las veces por no poder sostener además a sus hijos.

Si bien desde el 2012 a la fecha son casi 1.600 las personas en la provincia que ya gestionaron o presentaron ante el Registro Civil la solicitud de cambio registral para la adecuación de su documento a su identidad autopercibida, el beneficio no solo alcanzará a quienes hagan este trámite.

Incluso, si bien falta avanzar en los detalles, desde el propio colectivo señalaron que "se trata de un beneficio que busca llegar a les compañeres no solo que no tienen trabajo, sino que además no gozan de otros beneficios como cupos laborales o programas de ayuda".

De hecho, a poco de conocerse la sanción, desde el Ministerio de Igualdad de la provincia, señalaron que ya trabajaban justamente no solo en la reglamentación de la normativa para ponerla en marcha, sino además en definir "el universo de beneficiarios".