Redacción
La política santafesina encara un debate que, más allá de las letras, pone en juego principios básicos de equidad. Un proyecto de ley impulsado por el senador Esteban Motta busca impedir que quienes ya cobran una remuneración del Estado por ejercer un cargo público reciban además un pago adicional por integrar la Convención Reformadora de la Constitución.
La propuesta, que lleva meses esperando tratamiento desde su presentación en marzo, fue firmada por la totalidad de los senadores y recibió ahora un espaldarazo clave: obtuvo prioridad para ser debatida en la próxima sesión del Senado, prevista para el 5 de junio.
La norma apunta directamente a evitar que haya “doble caja” para los convencionales que ya ejercen funciones en el Poder Ejecutivo o Legislativo, sea a nivel nacional, provincial, municipal o comunal. La iniciativa establece que, en esos casos, no corresponderá una segunda remuneración por el rol constituyente.
Aunque en su momento existieron reparos jurídicos que dejaron el tema fuera del temario de sesiones extraordinarias, hoy el oficialismo da por superadas esas objeciones. De hecho, se trabaja en algunos ajustes de redacción, pero sin alterar el espíritu de la ley: evitar privilegios que, aunque legales, suenan éticamente injustificables.
La Constitución provincial, en su artículo 114, garantiza a los convencionales los mismos derechos que a los legisladores, incluidas las inmunidades y la percepción de una dieta. El proyecto de Motta parte de reconocer esa disposición, pero advierte un vacío legal cuando se trata de dirigentes que ya están cobrando por otra función pública. En esos casos, consideran que el pago adicional no corresponde.
Con la sesión de junio como horizonte inmediato, y un plazo que se extendería hasta mediados de julio para que Diputados también se pronuncie, la propuesta podría transformarse en ley antes del inicio formal de la Convención, el 14 de julio.
Otros temas en agenda
En paralelo, la Cámara alta también dio tratamiento preferencial —aunque con plazo más amplio— a un proyecto que regula la actividad de las empresas de seguridad privada. La iniciativa, elaborada por los diputados socialistas Antonio Bonfatti y Rubén Galassi, apunta a reforzar los controles estatales sobre los prestadores y su personal, en un sector que crece sin regulación clara y que hoy cumple funciones preventivas casi a la par de la seguridad pública.
Con una agenda cargada y temas sensibles sobre la mesa, el Senado santafesino se prepara para un junio de definiciones.
