Tarifa social bajo la lupa: detectan fraudes millonarios en la EPE y podrían judicializar los casos

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) destapó un fraude de proporciones millonarias vinculado al uso indebido de la tarifa social, un beneficio que reduce hasta un 50% el costo del servicio eléctrico para hogares de bajos recursos. Según informó la titular de la entidad, Anahí Rodríguez, se dieron de baja más de 15 mil subsidios tras constatar maniobras irregulares en todo el territorio provincial, con un fuerte impacto en el departamento La Capital.

El desfalco no es menor: la proyección económica del perjuicio ronda entre los 20 mil y los 30 mil millones de pesos en un período de cuatro años, equivalente al costo de una nueva estación transformadora de alta tensión.

Fraudes grotescos: muertos, countries y locales comerciales                                                                                                         

Entre los casos más llamativos figuran inmuebles lujosos, propiedades dentro de barrios privados, locales comerciales, viviendas en alquiler y hasta usuarios fallecidos. “Detectamos abusos escandalosos. Hay personas que accedían al beneficio sin cumplir absolutamente ningún requisito, incluso falseando declaraciones juradas”, explicó Rodríguez en declaraciones radiales.

El beneficio, que es cubierto por el Estado provincial a través del tesoro público, está destinado a garantizar el acceso a la energía a sectores vulnerables. Pero según lo detectado por la EPE, muchos usuarios habrían manipulado los datos para aprovechar descuentos que no les correspondían.

Se cortan subsidios y se prepara la vía judicial

Desde la empresa confirmaron que todos los casos ya verificados fueron excluidos del sistema. En paralelo, se analiza la situación de otros 18 mil beneficiarios sospechados. “Hicimos un trabajo minucioso, caso por caso. Ahora nos preparamos para iniciar los procedimientos legales correspondientes en los hechos más graves”, señaló Rodríguez.

La presidenta de la EPE también advirtió que no se descartan sanciones económicas y que ya comenzaron las primeras actuaciones administrativas, en coordinación con el Ministerio de Economía y otras áreas del gobierno provincial.

Una revisión más amplia en marcha

El operativo de control forma parte de un paquete más amplio de medidas internas que incluyen monitoreo de recursos, control del uso de vehículos oficiales, instalación de GPS, reducción del consumo de combustible y recorte de horas extra.

Rodríguez sostuvo que el objetivo es garantizar eficiencia, transparencia y un uso responsable de los recursos públicos. “No vamos a mirar para otro lado. Estamos hablando de plata de todos los santafesinos”, subrayó.