Consumos desmedidos y subsidios millonarios: dieron de baja más de 1.500 usuarios de Tarifa Social

El Gobierno de Santa Fe avanzó con una revisión profunda del régimen de Tarifa Social de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y resolvió dar de baja a 1.506 usuarios tras detectar consumos eléctricos incompatibles con el espíritu del beneficio. En varios casos, los registros superaron ampliamente el promedio de un hogar y derivaron en subsidios millonarios absorbidos por el Estado provincial.

Según los datos oficiales, mientras una vivienda santafesina consume en promedio entre 700 y 800 kilovatios mensuales, se identificaron más de 250 usuarios que superaron los 3.000 kilovatios, y un grupo reducido que llegó a picos cercanos a los 7.000. En los casos más graves, las facturas alcanzaron cifras millonarias, con una porción mínima abonada por los beneficiarios y el resto cubierta con fondos públicos.

La revisión permitió establecer que solo en los 82 consumos más elevados el Estado afrontó más de 52 millones de pesos en subsidios, mientras que los usuarios pagaron una cifra muy inferior. Esta situación motivó el endurecimiento de los controles y la eliminación del beneficio en aquellos casos considerados abusivos.

Desde la Provincia remarcaron que la Tarifa Social está diseñada para acompañar a hogares vulnerables y garantizar el acceso a un servicio esencial, no para financiar consumos excesivos. En ese marco, se puso en marcha un esquema de auditorías permanentes y seguimiento detallado de los registros de consumo, con el objetivo de ordenar el sistema y asegurar un uso equitativo de los recursos.

Las irregularidades se detectaron en distintas localidades del territorio santafesino, con situaciones reiteradas en grandes centros urbanos y también en ciudades del área metropolitana. En algunos domicilios, el subsidio estatal llegó a cubrir casi la totalidad del monto facturado, pese a consumos muy por encima de los parámetros razonables para un uso residencial.

Como parte de las medidas correctivas, el Ejecutivo provincial también avanza en la incorporación de tecnología para el control en tiempo real del consumo eléctrico, con la instalación progresiva de telemedidores. La intención es anticipar desvíos, prevenir abusos y reforzar la transparencia en la asignación de los beneficios.

Desde el Gobierno insistieron en que la continuidad de la Tarifa Social depende de un uso responsable y ajustado a su finalidad original, y advirtieron que los controles seguirán profundizándose para evitar que prácticas indebidas perjudiquen tanto a la empresa pública como a los hogares que realmente necesitan el acompañamiento del Estado.