Redacción
El hallazgo de altas concentraciones de plaguicidas en sábalos del río Salado encendió una fuerte preocupación ambiental y sanitaria en Santa Fe. A raíz de esto, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para que detalle qué acciones se están tomando frente a los riesgos alimentarios detectados.
El proyecto, presentado por el senador Rubén Pirola, solicita que el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático informe si evalúa el reciente estudio elaborado por investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet, que advierte sobre la presencia de residuos de plaguicidas en los músculos de sábalos capturados en la cuenca inferior del río.
El trabajo, titulado “Contaminación por plaguicidas en sábalos del Río Salado: riesgo alimentario para poblaciones vulnerables del litoral argentino”, concluye que los niveles detectados superan los límites máximos permitidos, lo que representa un riesgo significativo para la salud, especialmente para pescadores artesanales y comunidades ribereñas que consumen este pez como fuente principal de alimento.
Pirola pidió además que el Ejecutivo provincial aclare si existe un plan de monitoreo y control de contaminantes agrícolas e industriales en el curso del Salado y qué medidas preventivas se implementaron para alertar a la población sobre el consumo de especies contaminadas.
El legislador recordó que esta es la segunda vez que el Senado aborda el tema, ya que en 2023 se habían pedido informes similares sin obtener respuesta oficial. “Las investigaciones científicas confirman que el problema no solo persiste, sino que se agrava, por lo que urge aplicar el principio precautorio y revisar las políticas públicas de control ambiental”, advirtió.
El estudio, elaborado entre 2022 y 2023, señala que las sustancias halladas incluyen insecticidas, herbicidas y fungicidas catalogados como posibles carcinógenos, cuyos efectos se potencian por la alta presión agroindustrial y la falta de acceso a alimentos seguros en las zonas más vulnerables.
En ese sentido, Pirola subrayó que “el derecho a un ambiente sano y a una alimentación segura están garantizados por la Constitución santafesina, por lo que el Estado debe actuar con responsabilidad frente a este tipo de alertas científicas”.
