La decisión fue tomada por el juez Gustavo Bumaguin, quien ratificó la continuidad de las restricciones impuestas a los imputados. La resolución se dio tras más de dos horas de audiencia en Tribunales.
Judiciales21/10/2025
Redacción
En una extensa audiencia realizada en los Tribunales de Rafaela, el juez Gustavo Bumaguin resolvió prorrogar por un año las medidas cautelares que pesan sobre los imputados en la megacausa por estafas millonarias, en la que se investigan operaciones fraudulentas que habrían afectado a más de 560 víctimas y que acumula más de 1.000 convenios no cumplidos.
El debate, que se extendió por más de dos horas, contó con la participación de los abogados defensores Gustavo Abraham, Federico Scarinci, Andrés Colón, Cecilia Álamo, Juan Manuel Loyaza y Raquel Álamo, quienes plantearon distintos argumentos en representación de sus clientes.
Los argumentos de la defensa
Durante la audiencia, las defensas solicitaron revisar o cesar las medidas de prisión preventiva y domiciliaria, sosteniendo que no existen nuevos elementos que justifiquen su continuidad.
El abogado Gustavo Abraham afirmó que los bienes involucrados están debidamente registrados y que “no hubo engaño sino una operatoria de carácter comercial”. También destacó que los imputados no intentaron modificar testimonios ni obstaculizar la investigación y que se han presentado ante la justicia cada vez que fueron citados.
En tanto, el letrado Federico Scarinci adhirió a los planteos de sus colegas y pidió analizar los riesgos procesales en función del tiempo transcurrido desde las imputaciones.
Por su parte, Andrés Colón y Raquel Álamo insistieron en que no existen nuevos elementos probatorios ni indicios de riesgo de fuga o entorpecimiento, solicitando la continuidad de las medidas alternativas en lugar de la prisión.
En el desarrollo de la audiencia, se indicó que 560 personas habrían sido víctimas de una estafa que alcanzaría los 235 millones de pesos, 8 millones de dólares y 11 mil euros, aunque la cifra final aún no puede determinarse con exactitud. Durante su intervención, Matías Spaggiari aseguró: “Somos empresarios, no estafadores”, en un intento por desligar la operatoria de cualquier maniobra fraudulenta.
La postura de la Fiscalía
El fiscal Guillermo Loyola sostuvo la necesidad de mantener las medidas cautelares debido a la gravedad de la imputación, el volumen del perjuicio económico y el número de damnificados.
Resaltó que la causa se encuentra en una etapa avanzada y que aún se evalúan responsabilidades y flujos financieros paralelos vinculados a la maniobra denunciada.
El magistrado señaló que “no se advierten nuevos elementos ni argumentos discriminantes” que justifiquen un cambio en las condiciones impuestas, y que la pena en expectativa para varios de los acusados podría derivar en cumplimiento efectivo, razón por la cual mantener las restricciones resulta razonable y proporcional.
La resolución del juez
Tras escuchar a todas las partes, el juez Bumaguin resolvió rechazar los planteos de la defensa y hacer lugar al pedido fiscal de extender por un año las medidas cautelares impuestas oportunamente.
En su resolución, destacó que la investigación avanza a buen ritmo y que las medidas mantienen proporcionalidad con la etapa procesal y la magnitud de los hechos investigados.
“La causa sigue avanzando de manera firme hacia la acusación y el juicio oral. La prórroga solicitada por el fiscal resulta adecuada”, sostuvo el magistrado al finalizar la audiencia.
De esta forma, los imputados continuarán bajo las restricciones vigentes mientras prosigue la instrucción de una de las causas más voluminosas y complejas que tramita en los Tribunales de Rafaela.
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