Remiseros habilitados reclaman cambios urgentes en la normativa y denuncian competencia ilegal

El sector de remises de Rafaela volvió a exponer su crisis. Por un lado, una agencia formal presentó ante el Concejo Municipal un extenso análisis tributario donde sostiene que la carga impositiva vigente se volvió “insostenible” para la actividad. Por otro, remiseros habilitados difundieron un comunicado colectivo en el que responsabilizan al Municipio por la falta de controles sobre vehículos que operan mediante aplicaciones digitales y que —según afirman— funcionan sin habilitación.

En la nota elevada a los concejales, la empresa detalla la evolución de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) aplicada al servicio desde 2008 y muestra incrementos que, según sus cálculos, llegaron a saltos del 225% y hasta del 266% en determinados tramos. Allí señalan que la tasa DREI representa actualmente el 8,61% de sus ventas acumuladas en lo que va del año, un valor que califican como “confiscatorio”. También remarcan que, a diferencia de las agencias, los permisionarios dejaron de tributar el DREI en 2018, generando —según la presentación— un desajuste entre categorías que debería revisarse.

La empresa adjuntó además planillas con variaciones de ingresos brutos y cargas impositivas durante el 2025, incluyendo un cuadro comparativo que muestra que, históricamente, la UCM aplicada a agencias terminó siendo superior a la de permisionarios, situación que —aseguran— afecta la competitividad del servicio formal y requiere una corrección normativa.

A esta presentación técnica se sumó un comunicado público firmado por remiseros y titulares de agencias habilitadas, donde denuncian la “circulación masiva de vehículos ilegales” que utilizan aplicaciones como Didi, Uber o Cabify. Sostienen que esos autos no cumplen requisitos como seguro para transporte de pasajeros, habilitación municipal ni revisiones técnicas, lo que —afirman— deja a la ciudad “desprotegida” y en desigualdad frente a quienes trabajan con reglas claras. En el texto, también objetan la actuación de plataformas digitales que operan “sin ningún tipo de fiscalización” y aseguran que la normativa vigente, incluida la Ordenanza N° 3338, no se está aplicando.

Los firmantes exigen controles inmediatos, una respuesta formal a los proyectos que vienen presentando hace meses y acciones concretas para garantizar igualdad de condiciones. Además, convocaron a una movilización frente al Nuevo Hospital como medida de protesta ante lo que consideran una falta de respuestas oficiales.

Mientras tanto, el Concejo tiene sobre la mesa tanto el reclamo sectorial como la documentación impositiva presentada, en un contexto donde el transporte de pasajeros sigue siendo uno de los temas más tensos de la agenda local.