El caso del búnker que funcionaba en la zona de Marini y Ramón y Cajal volvió a tener movimiento judicial. La causa, que investiga una estructura que atendía a más de 200 compradores por día, derivó este miércoles en una audiencia donde el juez Nicolás Stegmayer resolvió mantener la prisión preventiva de Ayelén Jaimez.
Judiciales06/12/2025
Redacción
La investigación por el funcionamiento de un activo punto de venta de drogas en Marini y Ramón y Cajal continúa generando novedades. Según la pesquisa, en ese domicilio se recibía a más de doscientas personas por día, consolidándose como uno de los centros de expendio más concurridos de la ciudad.
En etapas anteriores del proceso fueron imputados Diego Daniel Aguilar (28), Hugo Aguilar (20), Mateo Tomás Ortiz (22) y Nahuel Mariano Cardozo (29), señalados como quienes cumplían funciones de vigilancia y apoyo en el lugar, conocidos dentro de la estructura como “soldaditos” o “cuidadores”.
La causa también abarca a Ayelén Soledad Jaimez, Ezequiel Alejandro Córdoba, Chiara Morán, Aylén Salas, Sharon Salas, Nahuel Rivainera, Gonzalo Ortega, Lucas Ramírez y Josué Federico San Lorenzo, todos vinculados al funcionamiento interno de la organización. De ellos, varios están detenidos o bajo medidas alternativas, mientras que Lucas Ramírez y Josué Federico San Lorenzo permanecen prófugos con orden de captura vigente.
Para el fiscal Guillermo Loyola, Ayelén Jaimez y Ezequiel Córdoba ocupaban roles centrales en la operatoria: fraccionamiento y manejo de parte de la venta de estupefacientes. En tanto, Aguilar, Aguilar, Ortiz y Cardozo actuaban como apoyo directo en el inmueble investigado.
La audiencia de este miércoles
En este marco, la Sala 2 de los tribunales de Rafaela fue escenario de una nueva revisión de prisión preventiva solicitada por la defensa de Jaimez, quien se encuentra detenida en la Alcaidía de la Unidad Regional V.
El fiscal Loyola pidió que se mantenga la medida de encierro, argumentando que la imputada incumplió en reiteradas ocasiones la prisión domiciliaria que había sido dispuesta meses atrás. Señaló, además, que existen indicios que la vinculan a actividades de una organización donde se utilizaban armas de fuego, y que liberar o morigerar su situación podría afectar el avance de la investigación.
También destacó que las cámaras de seguridad registraron salidas no autorizadas de Jaimez del domicilio donde debía permanecer cumpliendo la restricción.
Del lado de la defensa, los abogados Andrés Colón y José María Silvela solicitaron que la imputada regrese a su vivienda. Argumentaron que Jaimez ha colaborado con el proceso, que su salida previa fue explicada y que la modalidad domiciliaria favorecería a sus hijos menores. Afirmaron además que el 7 de diciembre se cumplen los 60 días previstos para revisar su situación procesal.
La propia Jaimez pidió declarar y aseguró estar en condiciones de cumplir con las obligaciones que se le impongan.
La resolución
Luego de escuchar a todas las partes, el juez Nicolás Stegmayer resolvió mantener la prisión preventiva bajo la modalidad actual. Fundamentó que continúan vigentes los riesgos procesales, especialmente por el funcionamiento de una estructura organizada vinculada al narcomenudeo, y que aún no existen condiciones para reemplazar la detención por una medida menos restrictiva.
La resolución establece que Ayelén Jaimez continúe detenida hasta el 7 de diciembre, fecha en la que se evaluará nuevamente si corresponde autorizar su regreso al domicilio ubicado en calle Muniagurria al 1100.
Con esta decisión, la audiencia quedó concluida mientras la causa principal continúa desarrollándose con nuevas medidas e imputaciones previstas en los próximos días.
El juez Nicolás Stegmayer ordenó que Leonardo Nicolás Palacios quede detenido por 60 días. Según la investigación, utilizaba la confianza de compañeros de trabajo para obtener información de tarjetas y realizar maniobras ilícitas.
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