Redacción
El Gobierno de la provincia de Santa Fe resolvió extender el régimen de Emergencia y Desastre Agropecuario en el norte provincial como respuesta al impacto sostenido de la sequía sobre la actividad agrícola y ganadera. La medida rige desde septiembre de 2025 y se prolongará hasta el 28 de febrero de 2026, abarcando a varias localidades del departamento 9 de Julio.
La decisión fue formalizada a través de un nuevo decreto provincial y alcanza a los distritos de Santa Margarita, San Bernardo, Villa Minetti, Pozo Borrado, Tostado, Logroño, Campo Garay, Esteban Rams y Montefiore. En cambio, Gato Colorado y Gregoria Pérez de Denis quedaron excluidos tras verificarse una recuperación en sus condiciones productivas.
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo señalaron que la prórroga busca sostener a uno de los sectores más golpeados por la falta de precipitaciones, garantizando herramientas que permitan atravesar la emergencia sin comprometer la continuidad de las explotaciones rurales.
Trámite digital y actualización automática
Según lo dispuesto, los productores que ya cuentan con certificados de Emergencia pasarán automáticamente a la categoría de Desastre Agropecuario, mientras que quienes ya se encontraban en situación de desastre conservarán ese encuadre sin necesidad de realizar gestiones adicionales.
Para quienes aún no hayan iniciado el trámite, el procedimiento se realiza de manera totalmente digital a través del sistema provincial habilitado para emergencias agropecuarias. En el caso de la actividad apícola, la presentación se canaliza por la plataforma específica del programa Proap. El plazo para completar las declaraciones juradas se extiende hasta el 29 de enero, con posibilidad de prórroga.
Alivio impositivo y suspensión de acciones fiscales
Entre los beneficios previstos, los productores alcanzados por la emergencia accederán a la prórroga de vencimientos del Impuesto Inmobiliario Rural correspondientes a fines de 2025 y comienzos de 2026. Para quienes se encuentren en situación de desastre, se contempla directamente la condonación de esas cuotas, además de eventuales devoluciones o créditos fiscales en caso de pagos ya efectuados.
Asimismo, la normativa suspende por seis meses el inicio de juicios y acciones administrativas vinculadas al cobro de impuestos, una medida que apunta a aliviar la presión financiera en un contexto climático adverso.
Con esta extensión, la provincia busca amortiguar el impacto de la sequía en una región clave para la producción santafesina, mientras continúa el monitoreo permanente de la situación hídrica y productiva.
