“Bueno, nene…”: cuando la seguridad se usa para la tribuna

Hay frases que incomodan porque dicen más de lo que aparentan. “Bueno, nene, ¿por qué no se lo pediste al gobernador anterior, que era tu amigo?”. La respuesta del gobernador Maximiliano Pullaro al concejal justicialista Juan Senn no fue elegante, pero sí brutalmente directa. Y, sobre todo, expuso una contradicción que el bloque justicialista de Rafaela no logra —o no quiere— explicar.

Senn y Maximiliano Postovit entregaron un pedido de mayor seguridad al gobernador. El reclamo, en sí mismo, es legítimo. Rafaela, como muchas ciudades de la provincia, necesita respuestas concretas frente al delito. El problema no es el pedido. El problema es quién lo hace, cómo lo hace y desde dónde lo hace.

Porque cuando Omar Perotti gobernó Santa Fe, entre 2019 y 2023, la provincia atravesó uno de los períodos más violentos de su historia reciente. Los números están ahí, duros, innegables:

-En 2019 se registraron alrededor de 330 homicidios.
-En 2020, cerca de 350.
-En 2021, aproximadamente 355.
-En 2022, el año más crítico, 399 homicidios.
-En 2023, 397 homicidios, apenas una leve baja.

Ese último año cerró con una tasa cercana a los 11 homicidios cada 100.000 habitantes, por encima del promedio de varios años anteriores. No fue una sensación. Fue una realidad estadística. Y durante ese tiempo, el silencio del justicialismo fue ensordecedor. No hubo cartas públicas, no hubo gestiones ruidosas, no hubo reclamos al “amigo gobernador”.

Hoy, con otro signo político en la Casa Gris, la seguridad reaparece como bandera. Pero no como política pública, sino como consigna.

La contradicción se vuelve aún más evidente cuando se observa el accionar del propio bloque en el Concejo Municipal. Los concejales justicialistas, acompañados por los ediles de La Libertad Avanza, aprobaron un proyecto de declaración rechazando la construcción de la nueva alcaidía en el norte de la ciudad. Una alcaidía que se levantará en un predio donado por el Municipio, en la intersección de avenida Italia y el Camino 5, pensada para alojar a unos 240 internos.

El bloque oficialista votó en contra y defendió la decisión del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la alcaidía actual está en pleno centro, es obsoleta, fue diseñada para 46 personas y hoy alberga más del doble. Porque no da más. Porque es un problema de seguridad, de derechos humanos y de convivencia urbana.

Entonces la pregunta es inevitable: ¿cómo se pide seguridad mientras se rechaza una obra clave para descomprimir el sistema carcelario local? ¿Cómo se reclama más control del delito pero se impide sacar del centro una estructura colapsada?

La respuesta aparece sola: fulbito para la tribuna.

Porque ese rechazo no fue una ordenanza. Fue un proyecto de declaración. Una herramienta que no crea normas, no obliga, no modifica la realidad. Solo expresa una opinión. Una pose. Un gesto para quedar bien con un sector del electorado.

Si el bloque justicialista estuviera realmente preocupado por la seguridad, habría presentado una ordenanza derogando la cesión del terreno y proponiendo, con seriedad, un lugar alternativo para la nueva alcaidía. No lo hizo. No lo hace. No lo hará.

Mientras tanto, la alcaidía del centro sigue superpoblada. El problema sigue ahí. Y el discurso se acomoda según el calendario.

Por eso la frase del gobernador, más allá del tono, dejó al descubierto lo esencial: no se puede pedir lo que no se reclamó cuando se tuvo poder, ni oponerse a las soluciones mientras se agita el miedo.

La seguridad es demasiado seria para usarla como bandera electoral. La duda queda planteada: ¿están realmente preocupados por el delito o ya están pensando en el 2027?