Los hechos de violencia protagonizados por adolescentes volvieron a sacudir a Santa Fe y reabrieron una discusión incómoda, pero inevitable: qué hace el Estado cuando un menor comete un delito grave. El caso de Jeremías Monzón, como otros de alto impacto, no solo generó dolor y bronca social, sino que dejó expuesta una sensación compartida: el sistema actual no está dando respuestas claras.
En ese contexto, el debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió al centro de la escena. Desde el gobierno provincial se plantea la necesidad de avanzar hacia un esquema que permita juzgar penalmente a adolescentes que cometen delitos graves, aun cuando el nuevo Código Penal Juvenil no contemple una reducción de la edad. El mensaje es claro: no se trata de castigar por castigar, sino de que haya consecuencias reales frente a hechos de extrema gravedad.
Vale aclarar, sin embargo, que la eventual baja de la edad de imputabilidad no es una decisión que pueda tomar una provincia. Se trata de una discusión que corresponde al Congreso de la Nación, ya que forma parte del Código Penal argentino. Pero que la competencia sea nacional no exime a Santa Fe de involucrarse. Por el contrario, la provincia no puede escapar a este debate: los hechos que ocurren en su territorio la obligan a fijar posición, aportar diagnósticos y reclamar un marco legal que dé respuestas acordes a la realidad.
El problema, de todos modos, no se agota en la edad. La discusión de fondo es mucho más compleja y, tal vez, más incómoda. Hoy, en Santa Fe, los menores de 16 años no son penalmente responsables y el Estado solo puede intervenir desde el sistema de protección de derechos. En los hechos, esto deja un vacío que se repite: jóvenes que entran y salen de situaciones violentas sin un abordaje efectivo, víctimas sin respuestas y una comunidad que siente que todo llega tarde.
Quienes advierten sobre los riesgos de bajar la imputabilidad no lo hacen por negar la gravedad de los hechos, sino por señalar una realidad que también incomoda: el Estado no cuenta hoy con infraestructura suficiente, ni dispositivos adecuados, ni programas sólidos de acompañamiento. Institutos saturados, equipos desbordados y políticas preventivas débiles convierten cualquier solución puramente punitiva en una respuesta parcial y, en algunos casos, contraproducente.
Bajar la edad sin un sistema preparado puede terminar siendo una salida fácil para un problema estructural. Convertir adolescentes en números dentro de un esquema penal colapsado no garantiza menos delito ni más seguridad. Hay consenso entre especialistas en que la violencia juvenil no se corrige solo con castigo, sino con presencia temprana del Estado, políticas de contención, educación, salud mental y acompañamiento familiar.
En el plano legislativo, el debate avanza. Existen proyectos en el Congreso Nacional que proponen reducir la edad de imputabilidad, mientras que en Santa Fe se reclama una discusión amplia, con participación de especialistas, operadores judiciales y organizaciones sociales. Esa discusión es necesaria, pero también urgente. Porque cada nuevo hecho grave vuelve a exponer lo mismo: no hay respuestas simples para problemas complejos.
Santa Fe no puede legislar la imputabilidad, pero sí puede y debe ser parte activa del debate nacional. Mirar para otro lado, callar o reducir todo a consignas es otra forma de llegar tarde. La violencia juvenil exige decisiones complejas, responsables y urgentes, aun cuando el debate incomode.
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