RedacciónEl avance de las amenazas en establecimientos educativos no solo enciende alarmas por su gravedad, sino también por el fuerte impacto económico que generan. Desde el Gobierno provincial confirmaron que cada intervención puede costar entre 5 y 6 millones de pesos, y que buscarán recuperar ese dinero a través de acciones judiciales.
En ese marco, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, remarcó que realizar pintadas, difundir mensajes intimidatorios o generar falsas alarmas constituye el delito de intimidación pública, contemplado en el Código Penal con penas de prisión.
“Hay consecuencias que no siempre se advierten al inicio, pero que luego son vividas tanto por los menores como por sus responsables legales”, señaló el funcionario, al tiempo que advirtió sobre el despliegue que implica cada operativo.
Según explicó, estas intervenciones demandan un alto costo en recursos humanos y logísticos, además de desviar personal policial que podría estar afectado a otras tareas de seguridad.
Por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro, el Ministerio de Justicia y Seguridad avanzará —a través de su área Legal y Técnica y en coordinación con la Fiscalía de Estado— en el inicio de demandas para reclamar el resarcimiento económico en aquellos casos donde se logre identificar a los responsables.
“Vamos a perseguir el cobro de esos costos a los responsables identificados en cada caso”, aseguró Cococcioni, dejando en claro que el Estado buscará que quienes generen este tipo de situaciones respondan también en el plano económico.
