RedacciónEl Gobierno de Santa Fe avanza con una medida que busca marcar un límite claro frente a las amenazas en escuelas: quienes las realizan deberán pagar. Y no se trata de una advertencia simbólica. En apenas dos días, ya se cursaron 11 intimaciones a familias de alumnos involucrados, por un monto total que supera los $36 millones.
La situación se da en un contexto donde estos episodios se repiten y generan despliegues policiales de gran magnitud. Cada falsa amenaza implica movilización de móviles, personal especializado, brigadas y recursos que luego deben ser cubiertos por el Estado. Ahora, la decisión es que ese costo deje de recaer sobre todos.
Uno de los momentos más impactantes se dio durante una notificación, cuando una familiar increpó al menor con una frase que sintetiza la gravedad del hecho: “¿Qué hiciste, no te da vergüenza?”. La escena refleja el impacto que estas medidas empiezan a tener puertas adentro de cada hogar.
Las intimaciones fueron distribuidas entre viernes y sábado en seis departamentos de la provincia: San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín. En cada caso, se detalló el monto a abonar y los medios de pago disponibles.
Desde el Gobierno fueron claros: no se trata de una multa ni de una sanción penal, sino de una indemnización civil. Es decir, el objetivo es recuperar el dinero público utilizado en cada operativo. Si no se cumple con el pago en un plazo de cinco días, la deuda pasa a la Fiscalía de Estado, con posibilidad de embargos o inhibiciones.
Los montos no son uniformes. Se calculan según el despliegue realizado en cada intervención: combustible, móviles, horas de trabajo y participación de unidades especializadas, como brigadas de explosivos.
La decisión marca un cambio de enfoque. Ya no alcanza con identificar a los responsables. Ahora, también deberán hacerse cargo de las consecuencias económicas de sus actos. Y el mensaje es directo: no es una broma, tiene un costo real.
