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Destruyeron 200 caños de escape adulterados secuestrados en operativos contra el delito

La intervención se realizó en el predio de la APRAD, en Alvear. Los elementos habían sido incautados en procedimientos policiales y fueron eliminados para evitar que regresen al circuito ilegal. La medida forma parte de la política provincial de recuperación y disposición de bienes vinculados a actividades delictivas.
 
Provinciales05/07/2026RedacciónRedacción

El Gobierno de Santa Fe llevó adelante la destrucción de 200 caños de escape adulterados de motocicletas que habían sido secuestrados en distintos procedimientos vinculados al delito. El operativo se desarrolló en el predio de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), ubicado en la localidad de Alvear, departamento Rosario.

La medida se enmarca en la estrategia impulsada por la Provincia para administrar los bienes decomisados en causas judiciales y evitar que aquellos elementos que representan un riesgo o fueron modificados de manera ilegal vuelvan a ser comercializados o utilizados.

El secretario de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Matías Figueroa Escauriza, explicó que los caños de escape fueron separados luego de un relevamiento realizado sobre vehículos que iban a ser retirados de circulación. Según indicó, se trataba de piezas adulteradas que generaban ruidos excesivos y provocaban molestias a los vecinos de distintos barrios de la provincia.

Asimismo, remarcó que la decisión de destruir estos elementos responde al objetivo de impedir que reingresen al mercado ilegal. En ese sentido, recordó que el Gobierno provincial destina los bienes secuestrados al delito según sus características: algunos son subastados, otros reutilizados con fines sociales o incorporados al patrimonio del Estado, mientras que aquellos que no pueden volver a utilizarse son eliminados de manera definitiva.

Desde la Provincia señalaron que estas acciones forman parte de una política sostenida para debilitar las estructuras delictivas, atacando también los recursos materiales vinculados a actividades ilícitas y garantizando un destino adecuado para los bienes recuperados.

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