“Drogas, celulares y más de 120 envoltorios: tres menores quedaron con domiciliaria”.

La situación de los tres adolescentes detenidos durante los procedimientos realizados el sábado en barrio Villa del Parque fue analizada este lunes en una extensa audiencia desarrollada en los Tribunales de Rafaela.

El debate comenzó alrededor de las 8.20 y finalizó pasadas las 10.30. La audiencia estuvo encabezada por la jueza Laura Valeria Lencioni, con intervención de la fiscal Carina Gerbaldo y del abogado defensor Carlos Luis Farías Demaldé.

Finalmente, la magistrada resolvió que Enzo V., Giovanni V. y Mateo A. continúen bajo prisión preventiva domiciliaria durante 30 días corridos, cada uno en el domicilio de sus progenitores y con control policial.

La resolución incorporó además una serie de medidas socioeducativas, autorizaciones particulares y prohibiciones que deberán cumplir los tres jóvenes.

La acusación presentada por la Fiscalía

Durante la audiencia, la fiscal Carina Gerbaldo les hizo conocer formalmente los hechos atribuidos.

Según la hipótesis de la acusación, los adolescentes se encontraban junto a una persona mayor de edad en un inmueble donde fueron halladas diferentes sustancias estupefacientes fraccionadas y presuntamente preparadas para su comercialización.

La fiscalía hizo referencia a envoltorios con cocaína, teléfonos celulares, dinero en efectivo, anotaciones y una balanza de precisión, entre otros elementos que fueron incorporados a la investigación.

Al momento de fundamentar su postura, Gerbaldo sostuvo que existían actuaciones previas originadas en comunicaciones anónimas al 911 que daban cuenta de una presunta comercialización de estupefacientes por parte de distintas personas.

La investigación habría avanzado posteriormente mediante tareas de campo sobre dos inmuebles de barrio Villa del Parque, ubicados sobre calles Dean Funes y Echeverría.

En ese contexto apareció también mencionado un hombre mayor de edad conocido con el apodo de “el Colombiano”, a quien la Fiscalía vinculó con la presunta operatoria investigada.

Gerbaldo sostuvo que los tres adolescentes tenían acceso a los elementos secuestrados y planteó que existían indicios suficientes para atribuirles, en esta instancia inicial, una participación conjunta.

También señaló que durante los procedimientos fueron secuestrados varios teléfonos celulares y una balanza de precisión, elementos que, para la acusación, resultan relevantes al momento de analizar la finalidad de comercialización.

La representante del Ministerio Público de la Acusación hizo referencia además a testimonios recogidos durante la investigación y a informes relacionados con los movimientos registrados en los domicilios investigados.

Durante su argumentación mencionó la elevada escala penal prevista para el delito investigado, de 4 a 15 años, aunque la situación de los adolescentes deberá ser analizada bajo las normas específicas correspondientes al régimen penal juvenil.

La Fiscalía sostuvo también que todavía restaba analizar una importante cantidad de información surgida de los teléfonos secuestrados y consideró que continuaban existiendo riesgos procesales.

Según la información aportada sobre la audiencia, el Ministerio Público de la Acusación había planteado la necesidad de mantener una medida de prisión preventiva, mientras que la defensa se opuso y reclamó la libertad de los jóvenes mediante medidas alternativas.

La defensa: “Estaban jugando a la PlayStation”

El abogado Carlos Farías Demaldé rechazó la interpretación realizada por la Fiscalía y puso el foco especialmente en las circunstancias en las que fueron encontrados los tres menores.

Según sostuvo, los adolescentes estaban jugando a la PlayStation dentro del inmueble cuando se produjo el allanamiento.

La defensa afirmó que los estupefacientes y demás elementos secuestrados no estaban a simple vista ni se encontraban directamente a disposición de sus representados.

También aseguró que ninguno de los tres residía de manera permanente en esa vivienda y sostuvo que las entrevistas y testimonios incorporados hasta ese momento no los ubicaban realizando operaciones de venta de drogas.

Farías Demaldé remarcó además que los adolescentes no registraban antecedentes ni otras causas en trámite y consideró desproporcionada una medida privativa de libertad.

Por ese motivo solicitó que fueran liberados y propuso, en reemplazo de la prisión preventiva, diferentes medidas socioeducativas y restricciones.

La defensa también argumentó que buena parte de la prueba ya había sido secuestrada, incluidos teléfonos celulares y sustancias, por lo que consideró que las posibilidades de entorpecer la investigación eran reducidas.

Uno de los menores habló ante la jueza

Durante la audiencia también tomó la palabra Mateo A.

El adolescente manifestó que había concurrido al inmueble para encontrarse con otro de los jóvenes y jugar a la PlayStation.

Además, aseguró que desconocía la existencia de los elementos investigados y afirmó que nunca se había quedado a dormir en esa vivienda.

Qué tuvo en cuenta la jueza

Luego de escuchar a las partes y realizar un cuarto intermedio, la jueza Lencioni dio a conocer su resolución.

La magistrada consideró que, en esta instancia del proceso, la materialidad de los hechos aparecía acreditada con el grado de probabilidad necesario para adoptar una medida cautelar.

Entre los elementos evaluados mencionó las actuaciones incorporadas a la investigación, las referencias acerca de movimientos vinculados con la presunta venta de drogas y las relaciones que existirían entre algunos de los adultos investigados y los adolescentes.

La jueza hizo referencia además a la presencia de más de 120 envoltorios con cocaína dentro de los elementos secuestrados durante los procedimientos.

También tuvo en consideración que, según lo surgido de las intervenciones realizadas por asistentes sociales, los adolescentes concurrían con frecuencia a uno de los domicilios investigados.

Lencioni sostuvo que debía analizarse especialmente la cantidad de material secuestrado, los testimonios existentes y la complejidad de una investigación que también involucra a personas mayores de edad.

Si bien señaló las dificultades para sostener un eventual entorpecimiento probatorio respecto de elementos que ya fueron secuestrados, consideró que todavía existían riesgos procesales que justificaban adoptar una medida cautelar.

Prisión domiciliaria durante 30 días

Finalmente, la jueza dispuso prisión preventiva domiciliaria durante 30 días corridos para Enzo V., Giovanni V. y Mateo A.

Los adolescentes deberán permanecer en los domicilios de sus respectivos progenitores y estarán sujetos a control policial.

La magistrada, sin embargo, contempló las situaciones particulares de cada uno y autorizó determinadas salidas.

Enzo V. y Giovanni V. podrán concurrir a las prácticas deportivas en Sportivo Norte, siempre acompañados por sus padres o por un adulto responsable.

En el caso de Mateo A., quedó autorizado para continuar sus estudios de peluquería en la escuela Black Barber.

También se indicó que Giovanni V. deberá completar sus estudios primarios.

Tratamiento, escolaridad y seguimiento

La resolución ordenó además la intervención de la Secretaría de Niñez correspondiente, que deberá elaborar un plan de acción individual para cada uno de los adolescentes dentro de un plazo que no podrá superar los 30 días.

Los tres deberán concurrir a espacios terapéuticos individuales. La Secretaría de Niñez tendrá que gestionar ante el Tribunal las autorizaciones necesarias para concretar esos tratamientos.

También quedó establecido el compromiso de los jóvenes de retomar o continuar su escolaridad.

Los progenitores recibieron, además, recomendaciones vinculadas con el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

La jueza dispuso que una auxiliar social realice un seguimiento mensual de la situación de los adolescentes.

Las medidas socioeducativas tendrán una duración de un año.

Prohibiciones de acercamiento y contacto

Como parte de las restricciones, los tres jóvenes tienen prohibido acercarse a los dos inmuebles investigados de calles Echeverría y Dean Funes.

También deberán abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto o acercamiento con dos personas mayores de edad mencionadas durante la investigación: Máximo R.,  y Germán Q.

De esta manera, la jueza adoptó una posición intermedia respecto de los planteos formulados durante la audiencia: mantuvo a los tres adolescentes privados de su libertad bajo modalidad domiciliaria durante 30 días, pero incorporó autorizaciones para que puedan continuar determinadas actividades deportivas, educativas y terapéuticas.

La investigación continúa y las imputaciones formuladas hasta el momento no implican una declaración de culpabilidad. La responsabilidad de los adolescentes deberá determinarse conforme avance el proceso judicial. Imagen abogado de los menores DR. Farías Demaldé