Judiciales

Falsa requisa y una deuda de 35.000 dólares: 30 días de prisión preventiva para el empleado judicial detenido en Rafaela

La Justicia dispuso que el trabajador de Tribunales acusado de intentar extorsionar a un matrimonio de 77 y 75 años permanezca detenido durante un mes. La Fiscalía expuso cómo habría sido la maniobra para presionar a la familia y conseguir que firmara una deuda ajena. El abogado Carlos Farías Demaldé interviene por la querella, mientras que Federico Scarinci ejerce la defensa del imputado.

La investigación por la presunta extorsión a una pareja de adultos mayores de barrio Jardín, en Rafaela, tuvo este lunes 2 de noviembre un avance judicial importante. Eduardo Marcelo Del Favero, empleado de la Oficina de Gestión Judicial, fue imputado formalmente por extorsión en grado de tentativa y deberá cumplir 30 días de prisión preventiva.

La resolución se conoció después de las audiencias imputativa y cautelar realizadas en los Tribunales de Rafaela, en el marco de una causa que también involucra a un integrante de la Policía de Santa Fe y a una mujer cuya identidad todavía no fue establecida.

La audiencia de atribución imputativa comenzó a las 7:30 en la Sala 2, con intervención del juez José Luis Estévez y la fiscal Fabiana Andrea Bertero.

Por su parte, el abogado Dr. Carlos Farías Demaldé representa a la querella, es decir, a la familia damnificada, mientras que el abogado Federico Scarinci está a cargo de la defensa de Del Favero.

Una supuesta requisa policial que terminó en un reclamo económico

El episodio que dio origen a la investigación ocurrió el pasado 15 de octubre, aproximadamente a las 19, en una vivienda ubicada sobre calle Vélez Sarsfield al 1300, en la esquina con Francisco Peretti.

En ese domicilio residen Miguel Ángel Balbiano, de 77 años, y María Cristina Vaquero, de 75, quienes fueron sorprendidos por una situación que inicialmente parecía estar relacionada con un procedimiento policial.

De acuerdo con la imputación formulada por la Fiscalía, Del Favero habría actuado de común acuerdo con el funcionario policial Emanuel Ávila y una mujer que aparentaba pertenecer a la fuerza de seguridad.

El policía y su acompañante llegaron a la vivienda, donde fueron atendidos por María Cristina Vaquero.

La mujer preguntó por María Laura Balbiano, hija del matrimonio, y manifestó que contaban con una orden para revisar el inmueble.

En ese contexto apareció Del Favero, quien habría señalado que se haría cargo de la situación, mientras que las otras dos personas se retiraron.

De esa manera, y aprovechando la presencia previa de quienes aparentaban estar realizando un procedimiento oficial, consiguió ingresar a la vivienda.

Las advertencias que habrían provocado temor en el matrimonio

Una vez dentro de la casa, el encuentro tomó un rumbo completamente diferente.

Según la acusación, Del Favero comenzó a hablarles a los propietarios sobre supuestas estafas que habrían cometido su hija María Laura y su yerno Geraldo Keiffer Dinobile Serrano.

Les habría asegurado que existían numerosas personas perjudicadas, importantes sumas de dinero reclamadas e investigaciones penales contra ambos.

La Fiscalía sostiene que el imputado fue todavía más lejos y les manifestó que su hija podía recibir una condena de hasta 15 años de prisión.

En cuanto a su yerno, de nacionalidad venezolana, habría advertido que podía ser detenido y deportado del país.

Estas afirmaciones, siempre de acuerdo con la imputación, generaron temor y desesperación en los adultos mayores, quienes desconocían las supuestas denuncias y deudas mencionadas.

Una deuda de hasta 35.000 dólares que pretendían hacerles firmar

Para los investigadores, el objetivo de aquella visita era conseguir que los padres asumieran una obligación económica que no les correspondía.

La suma que se pretendía reconocer mediante documentación escrita oscilaba entre los 30.000 y los 35.000 dólares.

La Fiscalía considera que Del Favero habría utilizado la preocupación de los adultos mayores por la situación judicial de su hija para intentar obtener ese compromiso.

Sin embargo, el matrimonio se negó a firmar.

Pese a esa negativa, el acusado habría insistido en que no alcanzaba con una promesa verbal y que era necesario dejar constancia escrita de la obligación económica.

En la imputación aparece una frase que refleja ese momento de presión:

“De palabra no se arregla porque puede fallar, lo mejor es firmar, hacer un acuerdo y firmar”.

“Se van a arrepentir”: la frase que habría pronunciado antes de irse

La situación cambió cuando María Cristina Vaquero decidió comunicarse telefónicamente con su hija.

Minutos después llegaron a la vivienda María Laura Balbiano y su pareja, quienes se encontraron con Del Favero y le exigieron que abandonara el domicilio.

Según la Fiscalía, antes de retirarse, el empleado judicial les manifestó: “Se van a arrepentir”.

Finalmente, se marchó sin conseguir que los adultos mayores firmaran el reconocimiento de deuda.

Precisamente por no haber logrado el objetivo económico que se le atribuye, la acusación fue formulada como extorsión en grado de tentativa.

La investigación también alcanza a un policía

La situación judicial de Del Favero no es el único aspecto de la causa.

La Fiscalía también menciona al funcionario policial Emanuel Ávila como una de las personas que habría actuado de común acuerdo para llevar adelante la maniobra.

En tanto, continúa pendiente la identificación de la mujer que habría participado de la falsa requisa.

La investigación busca determinar cuál fue la intervención concreta de cada uno y cómo se habría organizado el episodio que terminó con la denuncia de la familia.

Treinta días de prisión preventiva y una causa que continúa

Después de las audiencias realizadas este lunes, la Justicia resolvió que Eduardo Marcelo Del Favero permanezca privado de su libertad durante 30 días.

La medida se adoptó en el marco del proceso penal impulsado por la fiscal Fabiana Bertero, con la participación de la querella representada por el Dr. Carlos Farías Demaldé y la defensa ejercida por Federico Scarinci.

La investigación continuará para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no una condena, por lo que la responsabilidad del imputado deberá determinarse durante el desarrollo del proceso judicial.

Imagen: Dr. Carlos Farías Demaldé abogado de la defensa.

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