El Gobierno les anticipó a un grupo de empresarios de la construcción que el plan de fuerte ajuste del déficit fiscal solo dejará margen para que continúen en funcionamiento los proyectos de obra pública que tengan al menos un 80% de avance que según fuentes privadas representaría apenas el 5% del total. En el sector aseguran que la actividad está prácticamente parada en su totalidad en todo el país y que por esa situación ya se registraron despidos por entre 50 y 60 mil empleados.

El ministro de Economía Luis Caputo se reunió el jueves pasado con empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), días después de la salida de Guillermo Ferraro del Ministerio de Infraestructura y quien tuvo a su cargo la política de obras de infraestructura durante los primeros 45 días de gobierno libertario. El desarme de Infraestructura favoreció a Caputo, que pasó a ser el interlocutor central con el sector privado ligado a la construcción. Se espera que las secretarías de Obras Públicas, Vivienda y Transporte pasen a estar bajo el ala de Economía.

Los empresarios se llevaron como conclusión central que la prioridad para el equipo económico no será el financiamiento de la obras de infraestructura sino no alejarse ni poner en peligro la meta de déficit cero en las cuentas públicas este año. Eso tendrá como una de sus víctimas al fondeo desde el Estado a las empresas contratistas. En un primer vistazo al plan Caputo, este ítem del gasto debería explicar un 0,7% del PBI -de los 5 puntos en total que busca la Casa Rosada- pero la caída de la ley ómnibus podría cerrar aún más la canilla presupuestaria para ese sector.

Entre las empresas del sector aseguran que la actividad “está prácticamente parada en todo el país”, según afirmó ante Infobae un ejecutivo que integra la cámara. La entidad declaró hace dos semanas el estado de emergencia para la obra pública y advirtió que tendría una repercusión inminente sobre la viabilidad de empresas y sobre la continuidad de puestos de trabajo. Otro empresario con una silla en el directorio de la cámara aseguró que en los últimos “dos o tres meses hubo despidos en el orden de entre 50 mil y 60 mil personas”.

Los datos oficiales tienen rezago y todavía no reflejan esa realidad laboral. El Indec llega hasta noviembre y muestra que unos 460.309 empleados integraban la nómina total del sector, unos 12 mil menos que tres meses antes. En las empresas, de todas formas, aseguran que el impacto más notorio en términos de puestos de trabajo se notó a partir del 10 de enero, cuando todos los años suelen retomar la actividad en las obras luego de que los trabajadores regresen a las locaciones de las obras tras el receso por las Fiestas de fin de año.

Las expectativas de los empresarios del sector empeoraron con notoriedad tras el cambio de gobierno. La última encuesta a ejecutivos de la construcción que acompaña al informe de actividad que realiza de manera mensual el Indec exhibió que el 77% de los empresarios consultados cree que en los próximos tres meses el ritmo de trabajo en los proyectos de obra pública disminuirá. Dos meses atrás esa proporción era de 44 por ciento.

Con todo, durante la reunión con Caputo los empresarios del sector plantearon al ministro que además del financiamiento de la continuidad de los proyectos, la cámara busca que el Palacio de Hacienda habilite pagos de certificados de obra impagos, una deuda que fuentes privadas estiman en los $350.000 millones. No es un monto, admiten, muy por encima de un promedio histórico, pero en las oficinas de Camarco temen que la dureza del ajuste fiscal haga que esos pasivos sean difíciles de cobrar.

El ministro de Economía prometió que antes de dar luz verde a esos pagos, buscará terminar una auditoría presupuestaria que ordenó la nueva gestión de gobierno para pasar en limpio el monto definitivo de deuda que acumula el fisco. Un punto central de la reunión tuvo que ver con la discusión que versa sobre qué obras ya con algún grado de ejecución podrán contar con fondeo público y cuáles no.

Otro tema que preocupa a los referentes constructores es que el Gobierno podría redireccionar financiamiento que proviene de organismos internacionales y que tenían como objeto proyectos de infraestructura hacia el refuerzo de programas de asistencia social, una medida que quedó cristalizada como parte de las conversaciones que sostuvieron los funcionarios con el staff del Fondo Monetario Internacional.

El Gobierno buscaría fuentes de financiamiento alternativas para el gasto y espera poder “rebalancear” el ritmo y destinos que tienen los desembolsos de organismos y bancos regionales para darle prioridad al gasto social (básicamente la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar) en un contexto de muy alta inflación y caída de la actividad. La priorización de las erogaciones de programas sociales pondría en un segundo plano a la obra pública.