Redacción
La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional cerró 2025 con una contracción real cercana al 29% en comparación con 2023, configurando uno de los ajustes más profundos de los últimos años en el funcionamiento del Estado. La reducción atraviesa de manera transversal a la mayoría de las áreas y programas, con especial incidencia en políticas sociales, infraestructura, educación y ciencia.
El recorte se refleja con claridad en los servicios sociales, donde programas vinculados a promoción y asistencia social, vivienda, urbanismo y primera infancia muestran caídas de gran magnitud, en algunos casos cercanas a la virtual paralización. También se observa un retroceso significativo en el financiamiento de comedores comunitarios y merenderos, así como en prestaciones alimentarias y dispositivos de acompañamiento social.
En el área de salud, si bien el gasto total tuvo un comportamiento dispar, se registraron fuertes bajas en organismos clave y en programas de prevención y atención territorial, afectando hospitales nacionales, agencias regulatorias y políticas sanitarias esenciales. Un escenario similar se repite en educación, donde varios programas estratégicos no tuvieron ejecución durante el año y otros sufrieron recortes superiores al 70%, impactando en becas, infraestructura escolar y formación docente.
La obra pública y el transporte aparecen entre los sectores más golpeados. La ejecución en rutas, pavimentación, infraestructura urbana e hidráulica registró desplomes que van del 75% al 100%, consolidando un freno casi total en la inversión estatal en infraestructura. A esto se suma una fuerte caída en las transferencias a provincias y municipios, lo que trasladó el ajuste a los territorios.
En contraste, algunas partidas específicas mostraron incrementos, como las vinculadas al área de inteligencia del Estado, que registraron una suba significativa respecto de años anteriores. Al mismo tiempo, los servicios de la deuda pública mantuvieron un peso relevante dentro del gasto total, consolidándose como uno de los rubros con mayor incidencia presupuestaria.
El panorama que deja 2025 es el de un Estado con menor capacidad de intervención directa, con políticas públicas reducidas o discontinuadas y un fuerte reordenamiento del gasto que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de programas esenciales en un contexto social y económico aún marcado por la fragilidad.
