En los últimos días, Argentina ha sido testigo de una denuncia explosiva: Fabiola Yañez, ex primera dama, acusó al ex presidente Alberto Fernández de violencia física y terrorismo psicológico. Tras la denuncia, se dictó una orden de restricción contra Fernández y se le prohibió salir del país. Yañez también solicitó un cambio en su custodia personal, debido a la falta de confianza en la persona asignada, vinculada al ex presidente.

Fernández reaccionó negando rotundamente las acusaciones y prometiendo demostrar su inocencia en los tribunales. Sin embargo, esta defensa no ha silenciado las voces condenatorias dentro del peronismo nacional. Mujeres militantes, que anteriormente respaldaron a Fernández, lo acusaron de usar el feminismo como una fachada política. Otros actores políticos del mismo espacio comenzaron a distanciarse, reconociendo la gravedad de las denuncias.

Lo más alarmante es el silencio ensordecedor del peronismo local. A pesar de haber apoyado fervientemente a Fernández en el pasado, los líderes locales no han emitido una sola declaración pública al respecto. Esta falta de reacción es escandalosa y plantea serias dudas sobre su compromiso con los valores de justicia y protección de los derechos humanos.

¿Dónde están las voces del peronismo local cuando se necesitan? ¿Por qué eluden pronunciarse ante acusaciones tan graves? Este silencio no solo es una falta de respeto a las víctimas de violencia, sino que también socava la confianza pública en los representantes locales que deberían estar defendiendo la integridad y la justicia.

El momento exige que el peronismo local rompa su silencio y se pronuncie claramente sobre estas denuncias, demostrando si realmente están comprometidos con la protección de las mujeres y niños víctimas de violencia, o si prefieren esconderse detrás de la indiferencia y el silencio cómplice. Como se escondieron y silenciaron su voz, nuestros dos representantes locales en el Senado de la Nación, absteniéndose de votar, cuando se refería a los derechos de las mujeres.

Vale también mencionar, que de ninguna manera este hecho debe tomarse a la ligera y utilizarse políticamente por otros sectores que cuestionan derechos adquiridos con posicionamientos antiderechos que también dejan en evidencia la poca importancia que le otorgan a la protección de mujeres y niños que son víctimas de violencia.