El proyecto fue aprobado con 61 votos a favor y 8 en contra, logrando el apoyo de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical. Ambos bloques se unieron para avanzar con una reforma que, además de los ajustes por inflación, incorpora una cláusula gatillo que permitirá un aumento adicional si los salarios superan la inflación anual. Este punto, junto con la retroactividad de los ajustes desde febrero, generó tensión con el Ejecutivo.

El senador Mariano Recalde (UP) destacó que la aprobación de esta ley es un acto de "justicia y reparación" para los jubilados, que han visto reducir su poder adquisitivo en los últimos años. Por su parte, Martín Lousteau (UCR) enfatizó la importancia de la ley para ajustar las jubilaciones por inflación y evitar nuevas pérdidas en los ingresos de los jubilados.

La ley también contempla el pago prioritario de juicios por reajuste de haberes y deudas con las cajas previsionales provinciales, sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Este punto ha sido otro foco de conflicto con el Gobierno, que considera que la medida afectará el objetivo de déficit cero que busca alcanzar.

Ahora, la ley pasa al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si promulgarla o ejercer el veto presidencial. La oposición espera que la presión política y social impida que el Gobierno bloquee esta importante reforma para los jubilados.