El Congreso aprobó una ley que respeta la nueva fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, pero con ajustes que elevan los haberes mínimos a la Canasta Básica Total y que contempla una actualización anual adicional si los salarios superan a la inflación. El presidente ha criticado duramente esta decisión, argumentando que pone en riesgo el equilibrio fiscal.

Sin embargo, los números muestran que la ley implicaría un incremento del gasto previsional de alrededor de 0,4% del PBI, cifra que podría ser compensada rediseñando el bono de $70.000 que actualmente se otorga indiscriminadamente a jubilados y pensionados. Esta focalización del bono permitiría ahorrar recursos y evitar un impacto negativo en las cuentas públicas.

A largo plazo, la ley tiene el potencial de consolidar una reducción estructural del gasto previsional, consolidando la licuación del 35% que sufrió desde 2017 hasta 2023. De esta manera, la ley, en lugar de ser una amenaza, podría ser un instrumento clave para garantizar un superávit fiscal sostenible en el tiempo, contribuyendo al objetivo del Gobierno de reducir el gasto público total al 25% del PBI.