El Ministerio Público de la Acusación (MPA) presentó su informe anual, destacando avances en políticas de persecución penal, abordaje de problemáticas locales y optimización de recursos, con foco en delitos altamente lesivos y violencia de género.
Nacionales03/12/2024
Redacción
En el marco de la Ley 13.013, el MPA rindió cuentas sobre su gestión correspondiente al 2023 y las proyecciones para 2024. Este informe, elaborado durante el primer año del tercer mandato de la Fiscalía Regional Quinta, bajo la dirección de la Dra. María Cecilia Vranicich, exponen los logros alcanzados en la implementación de estrategias para enfrentar desafíos criminales de alta complejidad.
El MPA brindó un panorama estadístico sobre el desempeño de la Fiscalía Regional Quinta, destacando los esfuerzos en la persecución de delitos prioritarios como homicidios, violencia de género y delitos contra la propiedad.
• Homicidios dolosos: En 2023, el 90% de los homicidios en la región involucraron de fuego, consolidándose armas como uno de los medios más utilizados en estos crímenes.
• Violencia de género: Hubo un incremento significativo en denuncias por violencia familiar y sexual, lo que resalta la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos de prevención y contención.
Juicios orales y públicos: En la Fiscalía Regional Quinta se lograron 29 condenas.
• Rafaela: 17 condenas.
• San Cristóbal: 2 condenas.
• Tostado: 10 condenas.
• Procedimientos abreviados: 133 personas fueron condenadas a través de este método en 2023.
• Audiencias realizadas: Los fiscales participaron en 1.441 audiencias, un promedio de 4 audiencias por día en la región.
Sustracción de Metales y Cables
• Mercados ilegales: Se identifican múltiples puntos de comercialización de materiales robados, como chatarrerías y “chacaritas”.
• Operativos y clausuras: En conjunto con municipios y fuerzas de seguridad, se clausuraron varios establecimientos ilegales y se recuperaron bienes sustraídos.
• Impacto económico: Este tipo de delito genera pérdidas significativas en sectores públicos y privados, incluyendo infraestructura de servicios esenciales como electricidad y telecomunicaciones.
• Frecuencia: Los robos a viviendas y comercios representan una de las mayores preocupaciones en zonas urbanas.
• Perfil delictivo: En la mayoría de los casos, los autores son personas con antecedentes de alta conflictividad social y reiteración en la comisión de delitos.
• Unificación de investigaciones: La Fiscalía implementó un sistema de unificación de casos para optimizar recursos y lograr imputaciones más sólidas.
• Abigeato: Los robos de ganado fueron frecuentes, con importantes pérdidas para los productores.
• Coordinación interinstitucional: Se trabajó en conjunto con la Guardia Rural “Los Pumas” para una respuesta inmediata y efectiva en zonas rurales.
• Vulnerabilidad geográfica: La lejanía de las viviendas y la dificultad en los accesos aumentan el riesgo para los propietarios rurales.
• Casos resueltos: El MPA logró una mejora en la tasa de resolución de casos relacionados con delitos contra la propiedad, especialmente en robos vinculados con mercados ilegales.
• Prevención y recuperación: Los esfuerzos para desarticular redes de comercialización ilegal contribuirán al recupero de bienes sustraídos y a la disminución de la frecuencia de estos delitos.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Desfederalización en diciembre de 2023, se abrieron 113 investigaciones relacionadas al microtráfico:
• Audiencias imputativas: 4 realizadas.
• Personas imputadas : 3 por delitos exclusivamente relacionados con microtráfico, todas bajo prisión preventiva.
El informe destaca la importancia de optimizar los recursos para enfrentar los desafíos crecientes en criminalidad, como el uso de armas de fuego y la expansión del narcotráfico. La mejora en los sistemas de gestión de causas y el trabajo coordinado con fuerzas de seguridad son claves para 2024.
Este balance refleja la labor del MPA en la búsqueda de mayor eficacia en la persecución penal, mostrando avances significativos en la respuesta a los delitos de alta lesividad que afectan a la región.
A tres meses de la intervención de la obra social Osprera, perteneciente al gremio UATRE, la situación se agrava con 21 casos judicializados debido a la falta de prestaciones médicas. De estos, cuatro casos alcanzaron instancias penales por desobediencia a sentencias judiciales que exigían el cumplimiento de derechos básicos de los afiliados.
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó un conjunto de normativas que permitirán a los consumidores y comercios operar con pesos y dólares de manera indistinta en transacciones cotidianas, sin que implique operaciones de cambio entre una moneda y otra.
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En la variación mensual, se produjo una suba desestacionalizada del 0,2%.
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