Provincia desactivó 36 puestos de venta de droga en el marco de la Ley de Microtráfico

La provincia de Santa Fe intensifica sus esfuerzos contra el narcotráfico. Este martes, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a los fiscales Diego Giró y Franco Carbone, encabezó la desactivación de dos puntos de venta de drogas en la zona noroeste de Rosario. Los operativos, amparados por la Ley de Microtráfico sancionada a comienzos de 2024, ya permitieron la inhabilitación de 36 búnkeres en toda la provincia este año, de los cuales 27 se encuentran en Rosario.

Los inmuebles intervenidos, ubicados en Bello 3936 y Oria 4055, eran gestionados por la banda de Hernán "Lichi" Romero, actualmente detenido. Estos espacios habían sido escenario de balaceras y actos violentos, además de haber operado como puntos de venta bajo la coordinación de organizaciones criminales desde la cárcel de Piñero. “Eran lugares emblemáticos desde el punto de vista de la seguridad. Producían una degradación del entorno y una convivencia difícil para los vecinos debido a la constante circulación de violencia”, señaló Cococcioni.

El ministro anunció una propuesta innovadora para la reutilización de los espacios desactivados: “Vamos a plantear en la Legislatura la ocupación positiva de estos lugares, con actividades estatales o sociales, para evitar que los delincuentes vuelvan a apropiarse de ellos”.

Investigación y acción local
El fiscal Diego Giró explicó que las inactivaciones fueron posibles gracias a denuncias vecinales que alertaron sobre la venta de drogas en estos sitios. Tras una investigación iniciada en agosto, se realizaron allanamientos que permitieron secuestrar estupefacientes y detener a los responsables. En el caso del domicilio de Oria 4055, los traficantes incluso habían montado una carpa para vender en la vía pública.

Impacto de la Ley de Microtráfico
La Ley de Microtráfico, aprobada en 2023, faculta a los fiscales provinciales para investigar el narcomenudeo y realizar la desactivación coercitiva de puntos de venta. Esto incluye la demolición de construcciones específicas usadas para la distribución de drogas.

Desde su implementación, la normativa busca no solo eliminar los búnkeres, sino también romper la cadena de comercialización, complementando las investigaciones federales sobre los niveles superiores del narcotráfico. La coordinación entre el Ministerio de Justicia, la Justicia Provincial y local, y la Policía de Santa Fe ha sido clave para llevar adelante estos procedimientos.