
El juez Gustavo Bumaguin resolvió la medida tras considerar los riesgos de entorpecimiento probatorio y presión a testigos. Los tres imputados están acusados de abuso de autoridad, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes.
La defensa sostiene que hubo contradicciones en las pruebas y pide anular las condenas o reducir las penas. La Fiscalía defiende la legalidad del fallo.
Judiciales19/02/2025Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de apelación en el caso de los policías de Sunchales condenados por agredir a dos detenidos. Durante la sesión, realizada de forma presencial y con la participación de una de las víctimas a través de videollamada, los abogados defensores y el fiscal presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El abogado Aníbal Gerardo Caula, defensor de tres de los acusados, Acevedo, Manzo y González, argumentó que la sentencia contiene errores en la valoración de las pruebas, destacando contradicciones en los testimonios de los detenidos. Señaló que uno de los testigos afirmó haber sido golpeado, mientras que otro negocio haber recibido agresiones, lo que a su entender debería haber llevado a la aplicación del principio de “in dubio pro reo” (en caso de duda, a favor del acusado). Además, sostuvo que uno de sus defendidos solo cumplió funciones de custodia y no participó en los hechos violentos, y que la pena de tres años de prisión efectiva impuesta a otro de los policías resulta excesiva, dado el tiempo ya cumplido en prisión preventiva.
Por su parte, los abogados Néstor Antonio y Juan Sebastián Oroño, representantes de Ortiz, plantearon que la Fiscalía modificó la acusación durante el juicio, vulnerando el derecho de defensa. Asimismo, cuestionaron la validez de los testimonios utilizados para acreditar que su defendido golpe y asfixió a uno de los detenidos, argumentando que no existen pruebas contundentes y que la única lesión comprobada fue causada por un vidrio en la comisaría. En caso de confirmarse la condena, solicitaron que la pena sea de ejecución condicional.
El fiscal Juan Manuel Puig rechazó los planteos de la defensa, afirmando que las contradicciones en los testimonios son comunes en situaciones traumáticas y no afectan la veracidad de los hechos. Sostuvo que los policías aprovecharon la detención para interrogar y golpear a los detenidos, y que las pruebas presentadas son suficientes para demostrar la participación de los acusados. Además, defendió la pena impuesta, considerando que refleja la gravedad de los hechos y la violación de los derechos de los detenidos.
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el tribunal representado por los jueces, Fabio Mudry, Andrés y Prieu Mántaras, deberá decidir si confirma las condenas o realiza modificaciones en las penas. La resolución será clave para el futuro de los policías involucrados y marcará un precedente en casos de abuso policial en la región.
El juez Gustavo Bumaguin resolvió la medida tras considerar los riesgos de entorpecimiento probatorio y presión a testigos. Los tres imputados están acusados de abuso de autoridad, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes.
Tres policías que se desempeñaban en la Alcaidía de Rafaela fueron imputados por graves delitos de corrupción institucional. La Fiscalía los acusa de solicitar dinero a internos a cambio de beneficios indebidos, encubrir pruebas y facilitar el uso de celulares dentro del penal.
Se trata de David Nicolás González, de 27 años, quien cometió el ilícito en su casa. La sentencia fue resuelta en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de Rafaela. La fiscal que representó al MPA en el debate es Favia Burella, quien destacó que “el hombre se aprovechó de la confianza que tenía con la víctima y actuó de forma sorpresiva”.
La Justicia solicitó 120 días de prisión preventiva para los principales acusados en la causa por delitos económicos. Además, se les prohibió cualquier injerencia en las empresas del grupo y se impusieron millonarias cauciones.
Tras la detención de cuatro exdirectivos, la Fiscalía sostiene que continuarán manejando la empresa y afectando su patrimonio. La audiencia sigue este viernes.
Nuevas revelaciones surgieron en una investigación judicial que ya tiene a una escribana, un abogado, otro escribano y un ingeniero bajo la lupa. En paralelo, un empresario del rubro eléctrico podría ser denunciado por otro hecho similar, aunque independiente del primero.
Claudia Ludmila C. fue beneficiada con una morigeración de su prisión preventiva domiciliaria, que le permitirá ausentarse de su hogar durante algunas horas para trabajar. La medida fue adoptada por el juez Gustavo Bumaguin tras una audiencia en la Oficina de Gestión de Audiencias del Distrito Judicial N° 5.
En el marco de una denuncia presentada a principios de enero de este año, al menos cuatro profesionales reconocidos de la ciudad de Rafaela están siendo investigados por su posible involucramiento en un delito de estafa relacionado con la venta de un inmueble.
El gremio advierte que la falta de representantes sindicales afecta el funcionamiento institucional del organismo
Un camión volcó en la banquina tras colisionar lateralmente con un auto en la Ruta 34, a la altura de Arrufó. No hubo heridos ni se interrumpió el tránsito.
Recuperaron una moto robada y detuvieron a un hombre con herramientas sustraídas
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Lincoln y J. J. Paso. Una ciclista de 68 años fue trasladada de urgencia a una clínica privada
El juez Gustavo Bumaguin resolvió la medida tras considerar los riesgos de entorpecimiento probatorio y presión a testigos. Los tres imputados están acusados de abuso de autoridad, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes.