Redacción
Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de apelación en el caso de los policías de Sunchales condenados por agredir a dos detenidos. Durante la sesión, realizada de forma presencial y con la participación de una de las víctimas a través de videollamada, los abogados defensores y el fiscal presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El abogado Aníbal Gerardo Caula, defensor de tres de los acusados, Acevedo, Manzo y González, argumentó que la sentencia contiene errores en la valoración de las pruebas, destacando contradicciones en los testimonios de los detenidos. Señaló que uno de los testigos afirmó haber sido golpeado, mientras que otro negocio haber recibido agresiones, lo que a su entender debería haber llevado a la aplicación del principio de “in dubio pro reo” (en caso de duda, a favor del acusado). Además, sostuvo que uno de sus defendidos solo cumplió funciones de custodia y no participó en los hechos violentos, y que la pena de tres años de prisión efectiva impuesta a otro de los policías resulta excesiva, dado el tiempo ya cumplido en prisión preventiva.
Por su parte, los abogados Néstor Antonio y Juan Sebastián Oroño, representantes de Ortiz, plantearon que la Fiscalía modificó la acusación durante el juicio, vulnerando el derecho de defensa. Asimismo, cuestionaron la validez de los testimonios utilizados para acreditar que su defendido golpe y asfixió a uno de los detenidos, argumentando que no existen pruebas contundentes y que la única lesión comprobada fue causada por un vidrio en la comisaría. En caso de confirmarse la condena, solicitaron que la pena sea de ejecución condicional.
El fiscal Juan Manuel Puig rechazó los planteos de la defensa, afirmando que las contradicciones en los testimonios son comunes en situaciones traumáticas y no afectan la veracidad de los hechos. Sostuvo que los policías aprovecharon la detención para interrogar y golpear a los detenidos, y que las pruebas presentadas son suficientes para demostrar la participación de los acusados. Además, defendió la pena impuesta, considerando que refleja la gravedad de los hechos y la violación de los derechos de los detenidos.
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el tribunal representado por los jueces, Fabio Mudry, Andrés y Prieu Mántaras, deberá decidir si confirma las condenas o realiza modificaciones en las penas. La resolución será clave para el futuro de los policías involucrados y marcará un precedente en casos de abuso policial en la región.
