Redacción
La causa judicial que investiga una presunta estafa financiera de enormes proporciones en Rafaela y localidades cercanas sigue su curso con novedades importantes. La cifra que se maneja como monto defraudado supera los 10 millones de dólares, y las investigaciones apuntan a que parte del dinero habría sido transferido a cuentas en el extranjero, particularmente en las Bahamas.
Uno de los abogados que representa a los afectados, Favio Maier, indicó que la Justicia ordenó la unificación de todas las querellas con el objetivo de agilizar el proceso judicial, que se desarrollará próximamente en los tribunales rafaelinos. Esta decisión busca optimizar tiempos y recursos ante la magnitud del expediente.
Según detalló Maier, los fondos involucrados también incluirían unos 300 millones de pesos y al menos 11 mil euros. Pese a los esfuerzos de la investigación, el destino del dinero aún no fue preciso, aunque existen indicios preliminares que señalan transferencias a paraísos fiscales.
El letrado también confirmó que, hasta el momento, no hubo ninguna propuesta formal por parte de los imputados para devolver el dinero a los ahorristas. La defensa del grupo sólo expresó su intención de “reparar” el daño, sin detallar mecanismos ni plazos.
Un esquema de ahorro que terminó en tragedia financiera
Entre 2019 y 2022, el grupo Spaggiari ofreció a particular la posibilidad de invertir tanto en pesos como en dólares, con promesas de rentabilidad fija: 3% mensual para operaciones en moneda extranjera y 5% en pesos. Este esquema atrae a cientos de personas, que confiaron en sus ahorros a lo que hoy la Justicia considera una asociación ilícita.
La causa cuenta con un total de 552 personas que aseguran haber sido engañadas, y más de mil hechos delictivos fueron registrados en la investigación. Entre los acusados figuran diez personas, destacándose los hermanos Matías y Fernando Spaggiari, quienes se encuentran actualmente detenidos en la Unidad Penitenciaria de Coronda. Ambos están señalados como jefes de la presunta organización. Señalo Aire de Santa Fe.
Su madre también figura entre los imputados, aunque cumple arresto domiciliario. El resto de los implicados enfrenta cargos con medidas alternativas a la prisión preventiva.
A medida que avanza la causa, las víctimas esperan que el futuro juicio arroje claridad sobre el destino del dinero y, sobre todo, brinde algún tipo de reparación ante el perjuicio económico y emocional que implicó haber depositado su confianza en un sistema que terminó desplomándose.
