El máximo tribunal provincial rechazó el recurso extraordinario y dejó firme la anulación del acuerdo preventivo. La cerealera queda más cerca de la quiebra y crece la incertidumbre sobre su futuro.
Judiciales22/04/2025
Redacción
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió rechazar el recurso extraordinario federal presentado por Vicentin S.A.I.C., que buscaba llevar su conflicto concursal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De este modo, quedó firme el fallo provincial que anuló la homologación del acuerdo preventivo de la empresa, complicando aún más su situación judicial y financiera.
El pronunciamiento, firmado este 22 de abril de 2025, consideró que el recurso interpuesto por la compañía no cumplió con los requisitos exigidos para acceder a la instancia federal, especialmente en cuanto a la falta de una sentencia definitiva o equiparable, uno de los requisitos básicos para habilitar la revisión nacional.
Vicentin había alegado que la anulación de la homologación generaba un perjuicio irreparable que podría desembocar en su quiebra, afectando a cerca de 1.200 empleados y miles de acreedores. Sin embargo, la Corte santafesina entendió que los planteos de la firma eran conjeturales y no demostraban un daño concreto e inmediato que habilitara el recurso excepcional.
Además, el tribunal descartó que existiera una situación de "gravedad institucional", otro de los argumentos invocados por Vicentin para intentar sortear el rechazo. Según los jueces, la proyección económica y social del caso, si bien relevante, no bastaba por sí sola para abrir la vía extraordinaria ante la Corte nacional.
Con esta resolución, la causa regresa a la justicia ordinaria, donde un tribunal subrogante deberá dictar un nuevo fallo conforme a los lineamientos establecidos por la Corte provincial. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro de Vicentin se profundiza, en medio de un escenario complejo que involucra la continuidad laboral de su personal, la posibilidad de salvataje y la enorme deuda pendiente con sus acreedores.
Desde que estalló el conflicto, la empresa ha intentado reestructurar su pasivo a través de un acuerdo preventivo que había logrado reunir amplias adhesiones, pero distintas impugnaciones y objeciones legales complicaron su homologación, extendiendo el proceso y generando un desgaste operativo que ahora amenaza su continuidad.
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