Le imputaron tenencia de armas y sospechas de narcomenudeo: seguirá libre, pero bajo severas condiciones

Este lunes, en Tribunales de Rafaela, se llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares contra Débora R. E., de 40 años, acusada del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, además de encontrarse bajo sospecha por presuntas actividades relacionadas al narcomenudeo.

La audiencia fue presidida por el juez Gustavo Bumaguin, con la participación de la fiscal Lorena Korakis y el reconocido abogado defensor Dr. José María Silvela. La representante del Ministerio Público Fiscal expuso que la investigación se originó a raíz de una denuncia de una vecina, quien afirmó haber sido amenazada con una escopeta por la pareja de la imputada. Posteriormente, se sumaron declaraciones de otros testigos que aseguraron que en la vivienda en cuestión había un “búnker” donde se realizaban ventas de droga.

Durante un procedimiento policial se secuestró una escopeta y otros elementos compatibles con maniobras de fraccionamiento de sustancias. Se sospecha además que en el domicilio se realizaban "pasamanos" y se habrían hallado restos de clorhidrato de cocaína.

La fiscalía consideró que los elementos hallados configuraban riesgos procesales, por lo que solicitó la prisión preventiva mientras avanza la causa. Sin embargo, el defensor Silvela argumentó que su defendida tiene arraigo en la ciudad, es madre de menores de edad —uno de ellos lactante— y que nunca se intentó obstruir la investigación ni intimidar a testigos, remarcando además que el contexto de vulnerabilidad en el que viven los menores merece ser tenido en cuenta.

“El artículo 221 contempla expresamente situaciones donde las condiciones personales y sociales de la imputada permiten evaluar medidas alternativas”, sostuvo Silvela. También recalcó que la acusada siempre vivió en el mismo domicilio y que su situación no justifica una detención efectiva, al menos hasta tanto se avance más en la investigación.

Finalmente, el juez resolvió no dictar prisión preventiva efectiva, pero sí imponer a la mujer una serie de condiciones severas para permanecer en libertad, entre ellas:

Fijar domicilio.

Designar un tutor legal.

Firmar periódicamente en la comisaría.

Prohibición de comercializar estupefacientes.

Prohibición de poseer, portar o transportar armas de fuego.

Prohibición de acercamiento a testigos de la causa.

Controles domiciliarios sorpresivos.

Prohibición de salir de la provincia de Santa Fe.

Además, la libertad quedó supeditada a la constitución formal de un tutor para garantizar el resguardo de los hijos menores.

La fiscal advirtió que existen indicios de actividad delictiva reiterada, por lo que no descartan futuras imputaciones en el marco de la misma causa. Mientras tanto, la investigación quedó a cargo del área operativa de la Policía de Investigaciones.