El juez federal de Rafaela resolvió avanzar en la causa por recetas electrónicas falsas que habrían generado un perjuicio superior al millón de pesos. Los imputados están acusados de defraudar al Estado mediante una maniobra digital entre 2021 y 2022.
Judiciales21/10/2025
Redacción
Una investigación iniciada en 2021 por presuntas irregularidades en la provisión de medicamentos al PAMI tuvo un nuevo giro judicial. En las últimas horas, el juez federal Aurelio Cuello Murúa, a cargo del Juzgado Federal de Rafaela, resolvió procesar a una farmacéutica de la ciudad y a un médico oriundo de Gálvez, a quienes se los señala como responsables de haber montado un esquema de recetas electrónicas apócrifas para simular dispensas de remedios a afiliados.
De acuerdo con la resolución judicial, los imputados —Gisela B., titular de una farmacia rafaelina, y Alberto José M., médico prestador del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)— fueron procesados por el presunto delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, contemplado en el artículo 174, inciso 5°, del Código Penal.
Si bien el procesamiento no implica una condena, el magistrado consideró que existen pruebas firmes que permiten avanzar con la causa.
Una investigación que se remonta a 2022
El caso salió a la luz tras una serie de allanamientos realizados en marzo de 2022 en distintos puntos de Rafaela, como parte de una pesquisa impulsada por la Fiscalía Federal de Rafaela y la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Rafaela” de Gendarmería Nacional, bajo la dirección del fiscal Gustavo Onel.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Unidad Fiscal especializada en delitos cometidos en el ámbito del PAMI, luego de que la delegación local del organismo detectara recetas electrónicas emitidas a nombre de afiliados que nunca habían sido atendidos por el médico firmante ni solicitado los medicamentos.
Según las pericias, entre febrero y septiembre de 2021 se habrían cargado al sistema más de 1.100 recetas falsas, generando un perjuicio económico estimado en 1,1 millones de pesos (a valores de ese año).
El circuito de las recetas falsas
Los investigadores determinaron que el médico de Gálvez habría utilizado su usuario y clave del sistema de receta electrónica del PAMI para emitir prescripciones a afiliados de Rafaela y la zona que no figuraban dentro de su cartera de pacientes. Esas recetas eran luego validadas y dispensadas por la farmacia local bajo control de la imputada.
La maniobra fue descubierta cuando varios afiliados detectaron medicamentos cargados en su cuenta corriente sin haberlos solicitado. Al revisar los registros, se comprobó que el profesional firmante no residía en Rafaela y que las recetas se habían emitido desde una dirección IP vinculada a la farmacia en cuestión.
El análisis posterior confirmó que 636 prescripciones fueron emitidas a 78 afiliados distintos, la mayoría domiciliados en Rafaela y algunos en la vecina localidad de Roca.
Allanamientos y secuestros
Tras reunir los elementos probatorios, el juez federal ordenó allanamientos simultáneos en la farmacia ubicada sobre avenida Luis Fanti al 1500, en un anexo de Casabella al 900 y en el domicilio particular de la farmacéutica, en avenida Ángela De la Casa.
Durante los operativos, personal de Gendarmería Nacional secuestró 10 computadoras, documentación vinculada a la dispensación de medicamentos, registros contables y material informático que será analizado por la División de Pericias Informáticas de la Policía Federal Argentina.
Las pericias buscan establecer la trazabilidad de las recetas electrónicas, los beneficiarios involucrados y el recorrido del dinero abonado por el PAMI por los medicamentos falsamente dispensados.
Próximas instancias judiciales
Con el procesamiento de los dos profesionales, la causa avanza hacia su etapa central. Las pruebas recolectadas hasta el momento apuntan a una maniobra coordinada entre el médico y la farmacia, mediante la cual se habrían generado recetas inexistentes para cobrar al Estado por medicamentos nunca entregados.
El fiscal Gustavo Onel continuará con la acusación, mientras que la defensa podría apelar la resolución del juez Cuello Murúa.
La causa representa uno de los mayores casos de presunta defraudación al PAMI detectados en la región y se suma a una serie de investigaciones que buscan desarticular maniobras similares en distintas localidades del país.
La decisión fue tomada por el juez Gustavo Bumaguin, quien ratificó la continuidad de las restricciones impuestas a los imputados. La resolución se dio tras más de dos horas de audiencia en Tribunales.
La medida fue dispuesta por el juez Nicolás Stegmayer en una audiencia de revisión de prisión preventiva realizada en Rafaela. El imputado deberá cumplir con condiciones bajo supervisión judicial.
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