Escándalo en la Policía de Rosario: intervienen la URII por fraude millonario con el combustible

La Policía de Santa Fe quedó nuevamente en el ojo de la tormenta tras descubrirse un esquema de malversación de fondos públicos en el área de movilidad de la Unidad Regional II (URII), con sede en Rosario. Como resultado de la investigación, se realizaron 38 allanamientos, se detuvo a 17 personas —13 de ellas efectivos policiales— y se intervino la conducción de la URII.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la causa se originó a partir de una denuncia anónima y fue investigada durante casi un año por la Oficina de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA) junto con la Subsecretaría de Control Policial. “Estamos ante una red dentro de la propia estructura policial que montó un esquema para desviar fondos del combustible destinado al patrullaje”, indicó Cococcioni.

En ese marco, fue designado como interventor de la URII el director general retirado Claudio Romano, reincorporado para la ocasión. Su tarea se extenderá, en principio, por tres meses. Además, se ordenó una auditoría integral sobre la logística y los mecanismos de control de carga de combustible, mientras que varios jefes fueron desplazados o puestos a disponibilidad.

La maniobra, según la Fiscalía, habría causado un perjuicio al Estado de al menos 45 millones de pesos, en un esquema que manipulaba el uso de tarjetas Visa Flota y registraba cargas ficticias de combustible. “Se trata de un mecanismo sofisticado y sostenido en el tiempo, con participación de personal jerárquico”, detalló el fiscal José Luis Caterina. También se investigan posibles complicidades con una estación de servicio involucrada.

El fiscal regional Matías Merlo añadió que la investigación aún está en curso y no se descartan más detenciones. “A medida que crecía el patrullaje, aumentaba el margen para este tipo de maniobras. Pero también creció el control”, señaló.

Finalmente, Cococcioni enfatizó: “No vamos a permitir que algunos hagan negocios con la seguridad. Cada peso que el Estado destina a proteger a la ciudadanía debe usarse para ese fin. La lucha contra la corrupción institucional es una prioridad innegociable”.