Redacción
La paralización total de las obras sobre la Ruta Nacional 178 sumó esta semana un nuevo y grave capítulo: mediante la resolución 2025‑1076‑APN‑DNV#MEC, el Gobierno nacional dejó sin efecto los contratos de conservación y bacheo sobre esa arteria y también sobre la Ruta 33. La decisión, argumentada en razones de "conveniencia" administrativa, afecta a miles de santafesinos que transitan a diario por una de las trazas más deterioradas y peligrosas de la región.
Los trabajos habían sido adjudicados a la UTE Edeca–Rava, que preveía intervenir 71 kilómetros de la Ruta 178 y 121 kilómetros de la Ruta 33, en un marco de obras que habían sobrevivido a los recortes nacionales iniciados a fines de 2023. Sin embargo, el cierre formal de Vialidad Nacional —organismo encargado de licitar y fiscalizar la obra pública vial— terminó por desactivar el proceso, dejando las rutas sin mantenimiento.
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, fue tajante:
“Estamos ante una decisión insensata que desconoce fallos judiciales firmes y deja a la deriva a los vecinos que usan diariamente esas rutas”.
La cartera provincial advirtió que si Nación no asume su responsabilidad, exigirá la transferencia de la traza para poder ejecutar las obras con fondos propios:
“Si no quieren invertir un peso, que nos pasen la ruta. Sabemos cómo y con qué repararla”, manifestaron desde el Ejecutivo santafesino.
El deterioro de la Ruta 178 es crítico: en lo que va de 2025 se registraron 14 víctimas fatales y decenas de siniestros viales graves, situación que se ve agravada por la falta de señalización, banquinas inseguras y pavimento en estado calamitoso.
Una política de recortes sin precedentes
Desde diciembre de 2023, el Gobierno nacional suspendió la totalidad de la obra pública en Santa Fe. Además de las rutas 178 y 33, continúan sin mantenimiento las rutas A012, 7, 8, 9, 11, 34, A007 y A008, corredores clave para la circulación de la producción nacional.
Ante la emergencia, el Gobierno provincial llevó adelante tareas de mitigación, como aporte de asfalto, iluminación en pasos críticos y limpieza de banquinas, pero subraya que la responsabilidad principal sigue siendo de Nación.
Incluso, legisladores provinciales habían logrado fallos judiciales a favor de la reactivación, que hoy pierden fuerza tras la disolución de Vialidad Nacional. Las empresas contratistas, además, quedan sin respaldo ni compensación por la anulación del contrato.
Desde la Casa Gris no descartan avanzar con un proyecto de ley que permita ceder rutas nacionales a las provincias que quieran hacerse cargo:
“No buscamos polemizar. Lo que necesitamos son caminos seguros para la producción y para la vida de nuestra gente”, expresaron voceros del Ejecutivo.
Mientras tanto, los pozos crecen y las cruces blancas se multiplican a la vera de la Ruta 178, convertida en símbolo del abandono.
