Santa Fe se encamina a adherir a la Ley Antimafia, pero la votación dejó grietas en la Legislatura

En una sesión marcada por posturas encontradas, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves la adhesión a la Ley Nacional 27.786, conocida como Ley Antimafia, una herramienta legal que busca atacar el corazón de las organizaciones criminales con medidas expeditivas y decomisos anticipados.

La norma, que ya rige a nivel federal desde marzo, permite declarar “zonas de investigación especial”, aplicar allanamientos exprés, incautar bienes de origen ilícito antes de una condena, y agravar penas a todos los miembros de una banda criminal, sin distinción de roles.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Ximena Sola y cosechó el respaldo del oficialismo provincial. Sin embargo, el interbloque justicialista y el Frente Amplio Progresista votaron en contra, mientras que Somos Vida se abstuvo. El texto aprobado hace reserva de jurisdicción para que los casos sigan siendo tratados en el ámbito de la justicia santafesina, evitando que pasen directamente al fuero federal.

“El crimen organizado no admite medias tintas”, afirmó Sola durante la sesión, y agregó que la adhesión no es solo un gesto simbólico, sino “el resultado de haber peleado por herramientas concretas que sirvan en la calle”.

Desde otros bloques también hubo respaldos con matices. Legisladores como Joaquín Blanco (PS) valoraron la coordinación actual entre Nación y Provincia, pero marcaron diferencias. En cambio, voces disidentes como la de Marcos Corach advirtieron que la ley podría criminalizar la pobreza y habilitar medidas judiciales sin el debido resguardo constitucional.

El debate se dio en el regreso a las sesiones tras el receso invernal, en medio del duelo por el fallecimiento de la boxeadora y convencional constituyente Alejandra “Locomotora” Oliveras. Durante el encuentro también se pidió emplazar un monumento en su honor en Santo Tomé.

La adhesión a la Ley Antimafia ahora pasa al Senado. De avanzar, permitirá una articulación directa entre fuerzas provinciales, federales y los poderes judiciales para enfrentar delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos. En Santa Fe, epicentro de la violencia narco, la discusión sobre estas herramientas no es ajena a la urgencia social.