Dos proyectos legislativos impulsan condenas más duras y penas no excarcelables. También apuntan a testigos, profesionales y medios que difundan acusaciones sin sentencia firme. Crece el debate y también las críticas.
Info. General02/08/2025
Redacción
El debate sobre las falsas denuncias volvió con fuerza al Congreso de la Nación. Dos iniciativas —una del Senado y otra de Diputados— buscan agravar las penas cuando se trata de acusaciones falsas relacionadas con violencia de género, delitos contra la integridad sexual o menores de edad. Ambas propuestas establecen que las sanciones no sean excarcelables y extienden su alcance a testigos, peritos e incluso medios de comunicación.
La senadora santafesina Carolina Losada (UCR) y la diputada libertaria Lilia Lemoine son las autoras de los proyectos, que si bien fueron presentados por separado, comparten una misma intención: endurecer el castigo para quienes inicien procesos judiciales con falsedades, especialmente en causas sensibles.
En el caso de Losada, su iniciativa ya cuenta con dictamen de comisión en la Cámara alta y podría tratarse próximamente en el recinto. Propone que las penas por falsas denuncias pasen a ser de tres a seis años de prisión, y que el delito de falso testimonio pueda escalar hasta ocho años de cárcel. Lemoine, por su parte, plantea penas de dos a cuatro años por denuncias falsas y hasta diez años por falso testimonio agravado si la acusación es difundida por medios masivos o redes sociales.
Ambas iniciativas contemplan penas de cumplimiento efectivo, lo que modificaría el carácter excarcelable que actualmente tienen este tipo de delitos. Lemoine va más allá: incluye posibles sanciones para periodistas y medios que publiquen denuncias antes de que exista una sentencia firme, y exige que se difundan con igual visibilidad los fallos absolutorios.
La discusión, sin embargo, no está exenta de polémica. Organizaciones como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advierten que estas propuestas pueden desalentar a las verdaderas víctimas a denunciar, especialmente en contextos donde los procesos son largos, traumáticos y difíciles de probar. También alertan sobre el impacto que puede tener en testigos, peritos y profesionales que participen del proceso judicial.
Otro punto sensible es la falta de estadísticas oficiales que midan la magnitud real de las denuncias falsas. De acuerdo a estimaciones del Ministerio Público Fiscal, apenas entre 2 y 3 de cada 1.000 casos de abuso sexual infantil denunciados resultan ser falsos. Por el contrario, el 88% de las víctimas de delitos sexuales no denuncia, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización del INDEC.
Losada defiende su proyecto con una frase que repite en cada intervención: “La mentira no tiene género”. Y asegura que el objetivo es que los recursos de la justicia se destinen a las verdaderas víctimas. Lemoine, por su parte, justifica su iniciativa en el “sentido común” y en la necesidad de reparar el daño que genera un proceso judicial injusto.
El tema promete un fuerte cruce político y social si los proyectos avanzan. Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre garantizar justicia a las víctimas y castigar el uso malintencionado del sistema judicial ya está sobre la mesa. Con información de La Nación.
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