La cifra fue confirmada por la secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León, quien reconoció que se trata de una realidad “muy dolorosa” que atraviesa a toda la provincia.
Info. General06/11/2025
Redacción
En la provincia de Santa Fe, alrededor de 1.800 niños, niñas y adolescentes se encuentran actualmente separados de sus familias por decisión del Estado, en el marco de medidas de protección excepcionales destinadas a preservar su integridad ante situaciones de vulnerabilidad extrema.
La secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León, confirmó el dato y expresó su preocupación por la gravedad de los casos que llegan diariamente a su área. “Este es un caso específico de una criatura de seis meses que presenta una vulneración extrema. Es una tragedia, pero todas lo son. Hay 1.800 niños y niñas bajo medidas de protección excepcionales en la provincia”, aseguró, en referencia al reciente caso del bebé de Rosario que debió ser internado tras un presunto abuso sexual.
La funcionaria explicó que estas medidas se aplican cuando un menor de edad se encuentra en una situación de riesgo dentro de su propio entorno familiar. “Son casos muy tristes. Tenemos un nudo en el estómago todos los días”, admitió León, al describir el impacto emocional que genera el trabajo cotidiano del área.
El proceso de separación se inicia cuando la Dirección Provincial de Niñez toma conocimiento de una grave vulneración de derechos y determina que no hay adultos responsables que puedan hacerse cargo del cuidado del menor. En esos casos, se adopta una medida de protección excepcional, que consiste en separar al niño de su grupo familiar mientras se evalúa la situación y se define una alternativa.
El exjuez de Familia y actual camarista Marcelo Molina explicó que, una vez tomada la medida, se comunica de inmediato al juzgado de Familia para su control de legalidad. “No siempre estas situaciones derivan en una adopción. A veces los chicos quedan bajo la tutela de abuelos, hermanos u otros familiares cercanos”, señaló.
El procedimiento legal establece un plazo máximo de seis meses para definir el destino de cada caso, según lo dispone el Código Civil. “Que una madre sea menor de edad no implica necesariamente vulnerabilidad; pero ante un abuso, el derecho del niño está claramente vulnerado y el Estado debe intervenir”, agregó Molina.
Las autoridades recordaron que la intervención del área de Niñez se reserva para situaciones de gravedad, mientras que otros organismos —como Educación o Salud— actúan en casos de vulneraciones más leves, con el objetivo de garantizar el resguardo integral de los derechos de niños y adolescentes.
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