Tras detectar maniobras deliberadas que habrían dañado equipamiento clave, el Ministerio de Educación intervino la Cocina Centralizada y desplazó la conducción. Goity apuntó a un grupo reducido y advirtió: “Con los recursos públicos no se juega”.
Provinciales26/11/2025
Redacción
La tensión venía creciendo puertas adentro, pero en las últimas horas estalló. El Gobierno provincial decidió intervenir la Cocina Centralizada de Reconquista después de detectar prácticas que, según funcionarios, no solo representan un uso indebido del equipamiento, sino acciones que podrían encuadrar como sabotaje sobre instalaciones recientemente inauguradas.
El ministro de Educación, José Goity, viajó a Reconquista y blanqueó el motivo del avance oficial: “Llegamos a un límite. Se constató un daño deliberado en material delicado y costoso. No vamos a permitir que se atente contra los recursos de los santafesinos”, lanzó durante una conferencia de prensa que dejó en claro la dureza del paso dado.
La decisión incluye la designación de dos directores interventores —Oscar Duarte y la abogada Marlen Espíndola— con amplias facultades para abrir sumarios administrativos, deslindar responsabilidades y aplicar sanciones si aparecen responsables directos. La actual directora, Gabriela Micelli, continuará solo en tareas operativas mientras avance la investigación.
Goity detalló parte de las maniobras presuntamente intencionales: una marmita industrial utilizada a más del doble de la temperatura permitida, roturas en equipos, obstrucciones en mangueras clave para los desagües y desperfectos provocados en los hornos. “No son errores ni descuidos. Esto no es admisible en un espacio donde se elaboran comidas para más de cinco mil chicos”, remarcó el ministro.
La Fiscalía de Estado y el Ministerio de Obras Públicas también fueron convocados, ya que la cocina —inaugurada a fines de 2024 tras siete años de obras paralizadas— requirió una inversión provincial de 140 millones de pesos. Allí trabajan unas 20 personas y se producen diariamente 5.500 raciones para 33 escuelas.
“Tenemos excelentes trabajadores, pero no vamos a tolerar que dos o tres personas paralicen todo el sistema y generen perjuicios al Estado y a la comunidad. Vamos a ser muy duros contra quienes no quieren trabajar”, insistió Goity, marcando una línea que busca diferenciar al personal comprometido de los presuntos responsables del deterioro.
La intervención se mantendrá vigente durante todo el tiempo que demande la investigación interna. Además del ministro, participaron de la conferencia la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, y el delegado regional, Sergio García, quienes respaldaron la decisión y pidieron “cuidar lo que tanto costó poner en marcha”.
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