La concejal Carla Boidi presentó una iniciativa para modernizar el sistema de protección patrimonial, exigir mayor intervención profesional y garantizar que las sanciones económicas se destinen exclusivamente a conservación urbana.
Locales28/11/2025
RedacciónLa preservación del patrimonio arquitectónico rafaelino volvió al centro del debate en el Concejo Municipal. La edil Carla Boidi (Unidos para Cambiar Santa Fe) impulsa una actualización integral de la ordenanza vigente que regula la protección de inmuebles históricos, con el objetivo de dotar al municipio de herramientas más precisas y efectivas.
El proyecto, elaborado a partir de un planteo del *Colegio de Arquitectura y Urbanismo D5*, advierte que la normativa actual —originada en los años 90— quedó desactualizada y no contempla procedimientos claros para evitar intervenciones inadecuadas en edificaciones consideradas de valor cultural, histórico o arquitectónico.
Uno de los puntos centrales de la propuesta establece que toda intervención en bienes patrimoniales o construcciones anteriores a 1945 deberá ser presentada por un arquitecto o arquitecta matriculado/a. Según Boidi, esta obligación aportará mayor rigor técnico, permitirá verificar la autenticidad de la documentación y garantizará que los trabajos respeten el carácter original del inmueble.
La iniciativa también propone un cambio clave en el uso de las multas aplicadas por intervenciones ilegales. En lugar de ingresar al presupuesto general del municipio, los fondos serían destinados exclusivamente a *programas de restauración y preservación*, generando un mecanismo que reinvierte la sanción en acciones concretas de protección del patrimonio.
Boidi señaló que la ciudad cuenta desde 1991 con una comisión especializada en preservación urbana y con un listado preventivo de bienes protegidos, pero recordó que esos instrumentos requieren actualizaciones que “orden en la actuación municipal y brinden un resguardo real frente a alteraciones que son difíciles o imposibles de revertir”.
La concejal consideró que aprobar estas modificaciones significaría avanzar hacia una política patrimonial “más seria y más coherente”, subrayando que adquirir un inmueble protegido implica responsabilidades específicas con la comunidad.
“Cuando un edificio patrimonial se pierde, desaparece una parte irremplazable de nuestra memoria colectiva”, afirmó. Y concluyó que fortalecer el marco legal no solo apunta a cuidar la historia, sino a ofrecer referencias culturales sólidas para las nuevas generaciones y consolidar una ciudad que pone en valor su identidad.
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