Tras la ola de amenazas, imputan a los primeros jóvenes en la provincia

La Justicia comenzó a marcar un nuevo rumbo frente a las amenazas en ámbitos escolares. En las últimas horas, dos jóvenes —J.O., de 16 años, y Y.A.G., de 18— fueron imputados por intimidaciones contra una institución educativa en Llambi Campbell, en una causa que se convierte en la primera con este tipo de avance penal tras el crimen que conmocionó a la provincia en San Cristóbal.

La audiencia se llevó adelante en tribunales de Esperanza, donde se les atribuyeron los delitos de amenazas coactivas e intimidación pública. Pese a la gravedad de la situación, se dispusieron medidas alternativas a la prisión preventiva, que ya fueron notificadas a las autoridades del establecimiento.

El caso se originó a partir de un mensaje hallado dentro de la escuela, donde se advertía sobre un posible ataque si no se cumplía una exigencia vinculada al uso de teléfonos celulares. A partir de ese hallazgo, se activaron tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos responsables.

En paralelo, la causa sigue abierta y no se descarta la participación de un tercer implicado, un menor de 15 años, sobre quien también avanzan las actuaciones.

Este episodio se da en un contexto de creciente preocupación. En pocos días se registraron más de 150 alertas en distintos puntos de la provincia, lo que obligó a desplegar numerosos operativos de seguridad y encendió las alarmas en el sistema educativo.

En ese marco, el gobierno provincial ya puso en marcha un mecanismo para reclamar los costos de estos procedimientos a los responsables. Cada intervención tiene un costo base estimado entre 5 y 6 millones de pesos, lo que refuerza la intención oficial de desalentar este tipo de conductas.

La causa en Llambi Campbell aparece así como un caso testigo en un escenario donde la Justicia busca endurecer su respuesta frente a hechos que generan alarma social y alteran el funcionamiento de las escuelas.