El Juzgado de Control Penal en lo Penal Económico recomendó al Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) que provea un lugar de alojamiento conforme a su autopercepción para una persona de la comunidad trans. 

Además, instó a la autoridad carcelaria a adecuar sus normas y protocolos a la Ley 26.743 sobre Identidad de Género.

La decisión fue adoptada en el marco de un habeas corpus planteado por la interna M. L. M. S., quien está alojada en el establecimiento penitenciario de la localidad de Bouwer. 

En dicha presentación, la interna reclamó por sus condiciones de alojamiento, problemas de convivencia con otros internos, entre ellos, burlas de compañeros y guardias, agresiones y sustracciones de elementos personales que le dejan sus familiares (como ropa interior, tinturas, etc.).

En su resolución, el juez Gustavo Hidalgo realizó algunas consideraciones respecto a este planteo. Destacó que la Constitución de la Provincia de Córdoba (CP) establece como objeto del llamado “hábeas corpus correctivo” una vía apta a favor de “quien sufra una agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad, sin detrimento de las facultades propias del juez del proceso” (artículo 47, CP).

Alejandro Dragoto, abogado defensor de la interna, dijo a Cadena 3 que el pedido busca lograr un tratamiento digno. 

"Se abusan de su condición de género, ha sufrido delitos contra la integridad sexual por parte de otros internos, una situación que el servicio penitenciario no puede encapsular a este colectivo de personas, es una realidad que las cárceles dejan afuera a un grupo importante de personas", expresó. 

Desde la institución ofrecieron la alternativa de alojarla en el complejo carcelario de mujeres, pero aseguran que en la práctica, si bien están al tanto de la resolución judicial, se hace muy difícil llevarla a cabo y la mujer en cuestión fue rechazada en el pabellón femenino.