El proyecto de ley de reforma jubilatoria que envió esta semana el Poder Ejecutivo a la Legislatura propone en su primer artículo volver a declarar "en emergencia" al sistema previsional. El antecedente más cercano de situaciones similares debe rastrearse en las gestiones de Carlos Reutemann y Jorge Obeid. En esa ocasión, la emergencia derivó en un ajuste de los haberes y un aumento de los aportes. Esta vez, el gobierno de Maximiliano Pullaro plantea que los jubilados realicen un "aporte solidario" (pero no voluntario) por cuatro años, si es que se accede a la prórroga propuesta en la misma iniciativa.

El Ejecutivo plantea una escala porcentual que aumenta en función del nivel de ingresos. Sólo quedarán exceptuados de dicho aporte quienes cobren menos del equivalente a dos haberes mínimos.

El detalle

Así, el segundo artículo de la ley plantea que se le descontará un 2% del haber a quienes cobren entre dos y cinco mínimas. A julio, la mínima en la provincia era de 367.700 pesos. Sobre esa base, el porcentaje inicial (2%) afectará a los jubilados provinciales que ganen entre 735.400 y 1.838.500 pesos. Asimismo, deberán aportar el 3% de su haber quienes perciban entre 5 y 8 mínimas; esto es, entre 1.838.500 y 2.941.600 pesos. La escala continúa su progresión y plantea un descuento del 4% para quienes cobren entre 8 y 11 mínimas, es decir, a quienes ganen entre 2.941.600 a 4.044.700 pesos. En tanto, deberán aportar el 5% de su haber quienes cobren entre 11 y 14 mínimas; ello es a quienes ganen entre 4.044.700 y 5.147.800. Finalmente, se dispone que aporten el 6% todos aquellos que cobren el equivalente a más de 14 mínimas. Eso es, más de 5,1 millones de pesos por mes.

Para activos

En el caso de los activos, el proyecto de ley también prevé un aporte solidario pero sólo para integrantes de los tres poderes del estado. "Es el aporte de la casta", ironizan en el Poder Ejecutivo. La medida alcanza a funcionarios de conducción política y personal de gabinete que haya asumido a partir del 11 de diciembre, legisladores y autoridades de ambas cámaras, ministros de la Corte, Procurador y magistrados, Fiscal y Defensor General, vocales del Tribunal de Cuentas, autoridades de organismos descentralizados y empresas del estado, y Defensor del Pueblo. En todos los casos deberán aportar el 2,77% de sus sueldos, durante 36 meses.

Fuente: el Litoral