Redacción
En el marco de la reforma judicial aprobada por la legislatura provincial, el Gobierno de Santa Fe trabaja en la elaboración de los pliegos para designar a los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, ampliada de cinco a siete integrantes. El gobernador Maximiliano Pullaro tiene en mente a tres candidatos para completar las vacantes que dejarán los actuales jueces María Angélica Gastaldi y Mario Netri, además de incorporar una nueva silla en el máximo tribunal, conforme a la reforma sancionada en diciembre del año pasado.
Si bien el Ejecutivo no ha revelado los nombres de los postulantes, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, destacó que lo más importante no son los nombres, sino los perfiles de los candidatos. En este sentido, detalló que el futuro juez o jueza debe poseer un "amplio y contundente conocimiento del Derecho", además de ser "personas notables, transparentes, y conocidas por su carácter ciudadano".
Uno de los aspectos clave en la selección es que los nuevos jueces sean cercanos a la sociedad. Bastia explicó que el objetivo es lograr una Corte "cercana y ágil", que se aleje del modelo judicial tradicional y promueva la eficiencia tanto en los procesos judiciales como en la administración de recursos. “Queremos jueces que comprendan el concepto de eficiencia, lo que implica gestionar correctamente los recursos económicos y humanos", subrayó el ministro.
En consonancia con las ideas que el gobernador Pullaro viene impulsando desde su gestión, la reforma busca una justicia más ágil y menos costosa para los ciudadanos. En palabras de Bastia, los candidatos deben ser personas con una visión clara del funcionamiento del Estado, "que entiendan la realidad del ciudadano promedio", y que su desempeño esté alineado con principios de transparencia y no con una "posición privilegiada" del sector judicial.
Con este perfil en mente, el Ejecutivo espera presentar los tres pliegos para la nueva Corte Suprema de Justicia en las próximas semanas, con el objetivo de completar la ampliación de la composición del tribunal y renovar un sistema que, según el gobierno, necesita ser más accesible, eficiente y cercano a la ciudadanía.
